Menos del uno por ciento de los delitos denunciados ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) culminan en sentencias condenatorias contra servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción.

De los años 2002 a 2016, tan sólo el 0.67 por ciento de los expedientes en contra de funcionarios llegaron a un proceso penal o administrativo, indican cifras oficiales otorgadas a través de una solicitud de transparencia y acceso a la información.