Autoridades federales y estatales dejaron claro ayer que su postura con respecto al aumento al Impuesto Sobre Nómina es definitiva.

Que no hay negociación para modificar el incremento del 50 por ciento.

Luego de asistir a la asamblea mensual de la Caintra Nuevo León, con 280 agremiados, el secretario de Economía Idelfonso Guajardo informó que no se discutió el incremento del gravamen porque es de competencia local y ya fue aprobado por el Congreso de Nuevo León.

“No se tocó en esta sesión debido a que los temas eran de visión federal”, precisó el funcionario.

El presidente de la Coparmex Nuevo León y miembro de la Junta Directiva del CECyTENL, José Mario Garza Benavides, dice que pedirá una explicación del desvío de recursos en la construcción de una escuela en General Zuazua.

El consejero afirma que enviará una solicitud para que este caso se incluya en la próxima reunión de la Junta, el máximo órgano de gobierno del Colegio, que se celebrará el 28 de febrero.

Mientras la administración estatal presume avances en materia educativa y un récord en escuelas de tiempo completo, en las zonas marginadas y vulnerables de Nuevo León se enseña una historia diferente.

La Secretaría de Educación, a cargo de José Antonio González Treviño, aprobó la construcción de un plantel de bachillerato técnico en el municipio de General Zuazua que actualmente está inutilizado.

La escuela no funciona, porque se desviaron los recursos que estaban destinados para el mobiliario y equipo y se destinaron solamente para el contrato de construcción.

El arranque de operaciones de los parquímetros instalados en el Centrito Valle y zonas aledañas fue recibido por usuarios con una desaprobación generalizada.

A partir de las 08:00 horas de ayer inició el funcionamiento de 59 aparatos que regulan mil 370 cajones de estacionamiento en las zonas habitacional y comercial de este sector sampetrino.

La tarifa es de 2.50 pesos por cada 15 minutos y los conductores pueden pagar por un tiempo máximo de 3 horas en una sola exhibición.

Los socios de la empresa que denunció penalmente por despojo al Tec de Monterrey ratificaron ante el Ministerio Público la operación, presuntamente ilegal, con la que la institución se apoderó de un terreno cedido en comodato.

Octavio Corona Morones y Carlos Alberto Topete Arellano, socios de la empresa Sport CT College, declararon hace dos semanas, el pasado 25 de enero, dentro de la averiguación previa número 93/2012-D-3, radicada en la Agencia del Ministerio Público Número 1, Especializado en Despojo de Inmuebles.