El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa creciendo y sofisticando su organización.

Hoy en día lo mismo puede poner en jaque al estado con el despliegue coordinado de bloqueos viales, que operar una tequilera o hacerse cargo del narcomenudeo en casi 20 ciudades de los Estados Unidos. 

Las malas condiciones financieras de los Gobiernos municipales de Jalisco no se limitan a sus deudas a largo y corto plazo por miles de millones de pesos, más grave aún es que sus presupuestos son ahora deficitarios, es decir, que sus costos operativos son mayores a sus ingresos. 

Las reformas legales que se puedan concretar en el país a nivel de sus estados, orientadas a una mayor permisividad para el uso de la mariguana, serán fundamentales para ir conduciendo al gobierno federal hacia una flexibilización en su postura: el cambio comienza por lo local.

 Esto lo plantea la especialista en el tema, Hannah Hetzer, coordinadora del Programa para las Américas de la Alianza de Política de Drogas (DPA, por sus siglas en inglés), una organización de los Estados Unidos, involucrada directamente en la legalización de la mariguana que avanza rápido en ese país.

El exalcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández García, concluyó su mandato en el Gobierno de la ciudad sin dar resolución al caso de corrupción que marcó su gestión e hizo cimbrar a la estructura del PRI en Jalisco: el de Elisa Ayón Hernández, exregidora y exdirigente de la CNOP en la entidad.

Desde que el alcalde anunció en noviembre de 2013 la investigación sobre la exregidora y su red de complicidades, hasta su partida hace cinco días, transcurrieron 23 meses en los que la indagatoria se perdió en dilaciones interminables que la heredan así, en impunidad. 

Ninguna dependencia del Gobierno de Jalisco ni la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha querido responsabilizarse del estudio técnico que advirtió de los riesgos que corría el Tren Ligero de Guadalajara de sufrir una colisión, como la que se dio finalmente el 26 de enero pasado.