Los donativos millonarios para iniciativas culturales de particulares que autorizan directamente los diputados federales, cuestionados por las irregularidades y sobrecostos que llegan a presentar, han tenido entre sus destinos a Jalisco, donde se ha confirmado la “siembra” de este tipo de proyectos. 

Las autoridades estatales y municipales no han podido contener la incidencia de desaparición de personas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), pese a contar ahí con los cuerpos de seguridad más nutridos. Por el contrario, ésta se incrementó con respecto a la primera medición oficial en la materia. 

Hoy en día, 6 de cada 10 personas a las que se les perdió el rastro en Jalisco se hallaban en la ZMG, es decir, mil 226 de los 2 mil 113 que tiene el estado en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualizado el 21 de agosto pasado. 

La desaparición de personas en Jalisco sigue siendo un problema muy serio, y una de las más grandes materias pendientes para el Gobierno estatal.

La reciente actualización de la base de datos nacional respectiva lo confirma ahora como el segundo estado con más casos de todo el país. 

Tras 18 meses transcurridos de la actual administración estatal en Jalisco, la violencia homicida que persiste en la entidad aún debe una parte muy importante de su origen a las rivalidades y conflictos intestinos de los grupos criminales que operan localmente, a  los llamados ajustes de cuentas. 

Los municipios que han sido gobernados por alcaldes emanados del PRI han generado los mayores montos presupuestales con observaciones por irregularidades, de acuerdo a los archivos de cuentas públicas de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), en el periodo 2007-2011. 

No obstante, son las administraciones municipales del PAN las que mantienen sin esclarecer el destino de las bolsas más grandes de recursos públicos en el estado, y que no han solventado en su aplicación ante la misma ASEJ.