El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Gustavo Guerrero Gutiérrez, negó que la colección de obras de arte que posee el Poder Judicial ascienda a millonarias sumas, asegurando que la cifra incluye también el mobiliario de sus dependencias.

“No son los 43 millones. Ahí está incluyéndose el activo fijo del Poder Judicial, que es mobiliario”, declaró Guerrero Gutiérrez.

El Poder Judicial tiene como encargo la administración de la justicia, sin embargo ha extendido sus intereses e invertido casi 44 millones de pesos en obras de arte, compras que además mantiene en la opacidad.

El Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura de Nuevo León cuenta con una colección de arte valuada en 43 millones 921 mil 864 pesos, según la fiscalización de la cuenta pública del 2014 efectuada por la Auditoría Superior del Estado (ASENL).

Carlos Emilio Arenas Bátiz,  titular del Poder Judicial, defendió los altos salarios y prestaciones de los empleados de esta dependencia al destacar que son logros sindicales aprobados por el Congreso local.

El presidente del TSJ argumentó que todas los beneficios señalados son logros sindicales estipulados en un convenio.

“Derivan del convenio que se tiene con el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPE), convenio que firma el gobernador con el SUSPE”, declaró Arenas Bátiz.

Los Consejeros del Poder Judicial del estado gozan de prestaciones y apoyos que no se tienen en ningún otro nivel de gobierno, y menos en una empresa o trabajo informal, mientras pugnan por tener auditorías propias.

Ser empleado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, significa percibir anualmente envidiables salarios base, además de triples primas vacacionales, doble aguinaldo, apoyo a educación y de despensa, sin contar con jugosos fondos de ahorro y de  retiro.

Tras la comparecencia del procurador de justicia de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, ante una dócil Comisión de Justicia y Seguridad, los legisladores pidieron el cese inmediato del funcionario.

Flores Treviño fue llamado a declarar por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Poder Legislativo para que diera detalles sobre los supuestos antecedentes penales que tiene en Estados Unidos.