La red de negocios del secretario de Turismo de Jalisco abatido, llega hasta el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

Los desarrollos millonarios que realizó Jesús Gallegos Álvarez tanto en Puerto Vallarta como en la Zona Metropolitana de Guadalajara, tienen orígenes inciertos. 

Porque en la adjudicación de la construcción de los mismos, hay muchas empresas ligadas, con domicilios y proyectos en común. 

La muerte del secretario de Turismo de Jalisco es un crimen de Estado y como tal debe haber candados para proteger el perfil de los que llegan a esos puestos, refiere el diputado panista, Alberto Esquer Gutiérrez en entrevista con Reporte Indigo.

La fracción del Partido Acción Nacional presentará en los próximos días una iniciativa a fin de que todos los funcionarios de primer nivel se apliquen la prueba de control de confianza.

Para el legislador ponente, es importante que la ciudadanía tenga certeza sobre quién está en los puestos de gobierno. 

En el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y en Zapopan hay proveedores en común. 

También asesores que participaron en la administración pasada del puerto, con el ex alcalde priista Salvador González Reséndiz, hoy subsecretario de Administración del gobierno de Jalisco. 

Una triangulación empresarios, funcionarios y asesores, en la que también entra el abatido secretario de Turismo Jesús Gallegos Álvarez. 

Detrás del asesinato del secretario de Turismo, hay historias de extorsiones, casinos, lavado de dinero y hasta de asesinatos. 

Incluso la constitución de un grupo antisecuestro llamado 22 de abril –seguridad privada tipo guardias blancas– gestado por empresarios. 

Y es que no sería la primera vez que la violencia toca al círculo familiar-empresarial de José de Jesús Gallegos Álvarez.  

Un atentado en sus oficinas hace más de seis años lo habría obligado a migrar a Texas, Estados Unidos. 

Con la llegada del PRI al poder, el gobierno de Jalisco sufrirá una de sus más profundas modificaciones a su estructura orgánica. 

Y es que en días pasados fueron aprobadas una serie de cambios a la Constitución local y otras leyes que permitieron la creación de una Fiscalía General, encargada de todo lo que tenga que ver con asuntos de seguridad.

Apenas ayer el PRI presentó el proyecto de reforma a la Constitución local para permitir a Luis Carlos Nájera –ex secretario de Seguridad Pública– asumir como fiscal general.