La investigación del asalto cometido a una casa de empeño ayer a plena luz del día, en Plaza Fiesta San Agustín, apunta a una banda de asaltantes originaria del Distrito Federal.

Son los mismos ladrones que desde hace unas semanas le han estado pegando a casas en la zona residencial de San Pedro.

Uno de los autos que utilizaron en el atraco de ayer –un vehículo Bora- es el mismo que han usado para cometer los robos en domicilios sampetrinos.

El conflicto que se vivió este fin de semana en el Congreso del Estado, por el tema de la reforma electoral, sumó otro descrédito más para los legisladores locales.

Pero parece que la rebatinga dejó algo bueno para el PAN de Nuevo León.

Por increíble que parezca, el grupo legislativo albiazul se mantuvo compacto, a pesar de los ofrecimientos para que cuatro diputados azules traicionaran a su bancada y votaran a favor del dictamen que presentó el PRI.

El sexenio se fue y la administración estatal de Rodrigo Medina nunca hizo algo para resolver el hacinamiento, la delincuencia en el interior de los penales y el riesgo de que estalle otra matanza, en el sistema penitenciario del Estado.

Es realmente una asignatura reprobada por el gobierno de Nuevo León, porque no quieren meterle dinero a los penales, como que no les trae votos, y porque saben bien que gran parte de los delitos se planean desde adentro.

El gobernador Rodrigo Medina madrugó con su Polo Cultural de México a Margarita Arellanes.

La alcaldesa regia estaba en los preparativos de un festival cultural y artístico para el mes de septiembre, como parte de los festejos del aniversario de la fundación de Monterrey.

Un evento que por supuesto Arellanes pretende usar acaparar reflectores en su camino a la candidatura del PAN a la Gubernatura de Nuevo León.

Hay algo que no cuadra en el blindaje de seguridad que han anunciado las autoridades estatales en la frontera con el estado de Tamaulipas.

Y es el abandono en el que se encuentran las dos aduanas ubicadas en los municipios de Miguel Alemán y Camargo, que lucen desmanteladas y sin vigilancia.

El sentido común diría que en estas instalaciones –que están en las entradas a los municipios de Nuevo León por caminos vecinales- deberían de existir retenes o puntos de control por parte de las autoridades.