Profundos cuestionamientos fueron provocados ayer entre el panismo de Nuevo León por la publicación de Reporte Indigo, en la que se dio a conocer que la afiliación masiva de los útlimos cuatro meses ya lleva 5 mil nuevos adherentes.

Todas las facciones internas del PAN, entre ellas la de la División del Norte o Grupo San Nicolás, buscaron incrementar sus filas llevando a panistas a registrarse en el padrón albiazul.

La pregunta clave en el PAN de Nuevo León no es quién está afiliando nuevos panistas con la intención de manipular el padrón albiazul en las elecciones de 2015.

La pregunta real es quién no lo está haciendo.

Todos en el PAN de Nuevo León saben que la única posibilidad que existe de tener influencia y poder en los procesos de selección de candidatos es contar con una fuerte base de simpatizantes con derecho a voto.

Eso en el PAN de Nuevo León históricamente todos lo saben.

Nuevo León recibirá durante este año 302 millones de pesos, un 3 por ciento más que lo asignado el año pasado como parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

El reparto de estos recursos tradicionalmente se daba a conocer hasta el mes de febrero, pero ayer sorpresivamente la Secretaría de Gobernación publicó el acuerdo de distribución del fondo federal anti crimen que este año ascenderá a 7 mil 921 millones de pesos.

Que en estos días comenzará a fluir información sobre el cateo que realizó la PGR en el casino La Fortuna de Monterrey, controlado por un grupo de casineros ligados al juez federal Luis Armando Jerezano.

El Ministerio Público Federal tiene información suficiente para confirmar los vínculos que existen entre esta casa de apuestas y el funcionario del Poder Judicial de la Federación suspendido desde hace dos años a raíz de la tragedia del casino Royale.

En el Municipio de San Pedro hay dos funcionarios que deben muchas explicaciones sobre el caso de la Torre Tanarah y la pifia legal que derivó en el inejercicio de la acción penal que dictó la PGR.

Uno de ellos es José Antonio Garza, director jurídico de San Pedro, quien era responsable de darle seguimiento a esta denuncia penal en contra de los dueños de este inmueble, pero no lo hizo.