El gobierno del Estado, a través de su vocero de seguridad, Aldo Fasci, podrá decir lo que se le ocurra sobre los motines que se han registrado esta semana en el Penal de Cadereyta y que ya provocaron la muerte de 4 reos y lesiones en más de 20 internos.

Fasci podrá asegurar que las “protestas” (es decir, los motines) son una reacción a los operativos del Estado. Que los presos están enojados por el cambio de menú de alimentos o por la instalación de rayos X para detectar droga entre los visitantes.

El descontrol que existe en los penales de Nuevo León ayer dejó un saldo rojo en el segundo motín consecutivo registrado en el Penal de Cadereyta.

Cuatro reos muertos y más de 12 lesionados dejaron los disturbios registrados en este reclusorio donde apenas el lunes se había presentado una situación similar con 8 heridos, entre policías y reos, según el reporte oficial del Estado.

Hasta anoche las autoridades del Estado no habían confirmado este saldo fatal en esta segunda jornada violenta en el penal de Cadereyta.

Justo cuando se celebraba una reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, la violencia se presentó ahora en el Penal de Cadereyta, un reclusorio que se había mantenido al margen de los hechos violentos registrados recientemente tanto en el Topo Chico como en Apodaca.

En el centro penitenciario de Cadereyta no habían ocurrido ni motines ni riñas ni fugas como las presentadas en los otros dos penales de Nuevo León.

Después de Guerrero y Veracruz, Nuevo León es el estado donde se han encontrado en el último año el mayor número de personas enterradas en narcofosas.

La cifra trágica ronda por las 100 personas, de las cuales la mitad siguen sin haber sido identificadas.

La narcofosa más grande fue la encontrada el año pasado en el municipio de García, en el Cerro del Fraile, donde se recuperaron restos de casi 60 personas.

El problema en Nuevo León es que lo encontrado sólo es la punta del iceberg.

Nos estamos volviendo a acostumbrar a la violencia. A convivir con ella, como algo de la cotidianidad.

El secuestro y muerte de un adolescente es un caso que en otros años, en otra época, hubiera provocado una gran indignación entre los regiomontanos para exigir a las autoridades mayor seguridad.

No pasó y seguramente no pasará nada.

No habrá marchas, no habrá protestas, ningún organismo reclamará a los gobiernos que están incumpliendo con la promesa de garantizar la seguridad de los nuevoleoneses.