“El nuevo acuerdo azucarero con México es bueno para México y para Estados Unidos. La ausencia de un acuerdo lastimó a Estados Unidos durante muchos años”. El contenido de este tweet refleja que el presidente Donald Trump está complacido con el resultado de las negociaciones entre los productores de azúcar de México y de Estados Unidos.
Es fácil porque, Wilbur Ross, secretario de Comercio, lo explica en términos sencillos: “Hemos conseguido que el lado mexicano acceda a prácticamente todas las demandas hechas por la industria estadounidense”.
A menos de dos meses de que inicie la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el acuerdo azucarero pone de relieve la asimetría en la influencia que ejercen los grupos de interés al norte y al sur de la frontera.
Jeffrey Frankel, un prominente profesor de economía de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, argumenta que este acuerdo no puede ser entendido sin la presión, que históricamente han ejercido los productores de azúcar en Washington.
Notablemente, el cabildeo de la familia Fanjul, que dirige un conglomerado azucarero internacional, ha sido determinante para el diseño de la política comercial que concierne a sus intereses.
La familia Fanjul representa el arquetipo del pequeño grupo de productores del sector, en su mayoría concentrados al sur de la Florida: ricos, poco competitivos, protegidos por la política comercial y extremadamente conectados en Washington. José Fanjul, quien preside la empresa familiar, es amigo personal de Wilbur Ross y representa uno de los donadores de alto perfil de la campaña de Donald Trump. Su hermano, Alfonso Fanjul, es parte del círculo íntimo de la familia Clinton.
Estas relaciones explican en gran medida la razón por la cual la industria azucarera ha gozado de privilegios inusuales para otros sectores: tarifas y cuotas a la importación de la competencia extranjera, de hasta 80 por ciento y subsidios que garantizan un piso para el precio del azúcar.
Industria protegida
De acuerdo a Mark Perry, profesor de economía de la Universidad de Michigan, en los últimos 35 años, el precio del azúcar en Estados Unidos ha sido de más del doble que el promedio mundial. Esto se traduce en un costo adicional de 2.9 mil millones de dólares anuales.
De hecho, el TLCAN estipuló que el azúcar sería el último bien en ser desgravado completamente. La liberalización de esta materia prima tuvo lugar hasta el 2008, 14 años después de que se firmó el tratado de libre comercio. Desde ese punto, los productores estadounidenses intensificaron su actividad de cabildeo y lograron que el Departamento de Comercio impusiera penalizaciones al azúcar mexicana por supuestas prácticas de dumping y subsidios.
El más reciente acuerdo azucarero únicamente reafirma las condiciones de los productores estadounidenses, quienes exigieron una menor cuota de exportación del azúcar mexicana y una menor calidad en el producto, lo cual permite mantener la participación de mercado de la industria doméstica.
Jeffrey Frankel resalta una contradicción fundamental en la retórica de Trump. Para un presidente cuyo apoyo está sustentado casi exclusivamente en su base política, resulta extraño que las decisiones de política económica sean diseñadas a favor de pequeños grupos de interés. Aún y cuando esto implique consecuencias negativas para los exportadores y consumidores estadounidenses; así como para productores mexicanos y para la posición de Estados Unidos en el mundo.