“En los 116 días que lleva este gobierno se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que va en contra del espíritu de la constitución y sus principios –eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez- y sus leyes secundarias”, afirmó la Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Mediante un comunicado, aseguró que con información de Compranet han podido comprobar que durante 2019 el mecanismo de licitación pública ha sido utilizado solamente en el 18% del total de contratos (28,458) mientras que la invitación restringida a cuando menos tres personas en 7% y la adjudicación directa en el 74% de los casos.
Lo anterior, al referirse al reciente caso de otorgamiento de una obra pública sin licitación por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).
El 19 de marzo se adjudicaron directamente tres contratos para la realización de los estudios de costo-beneficio, de asesoría jurídica y desarrollo de plan maestro para la construcción del Tren Maya por un total de $90,870,000.00. La razón dada por el titular del FONATUR a por qué se habían adjudicado dichos contratos fue que la dependencia tenía “atribuciones en corto para lograr este tipo de acuerdos”.
El organismo insistió en que esto contraviene las leyes en la materia que establecen que, salvo en los casos expresamente previstos en las mismas, se impide la adjudicación de contratos a un particular para la construcción (o actividades relacionadas) de un proyecto de infraestructura y que ésta debe estar respaldada por un dictamen previo y por escrito en donde se justifique la excepción correspondiente.
Según Compranet –página oficial del Gobierno Federal- durante 2019 el mecanismo de licitación pública ha sido utilizado solamente en el 18% del total de contratos (28,458) mientras que la invitación restringida a cuando menos tres personas en 7% y la adjudicación directa en el 74% de los casos. Desde el arranque del actual Gobierno, se ha optado por el método de asignación para las obras más importantes.
Como ejemplo MCCI mencionó la construcción de las pistas y la terminal de Santa Lucía y su administración, las cuales el presidente adjudicó directamente al Ejercito Mexicano; o la compra de 671 pipas, con un costo de 1,765 millones de pesos, para transporte de combustible a una filial no paraestatal de Pemex, la misma encargada de la construcción de la Estela de Luz.
De la misma manera mencionó el proyecto de construcción de la Refinería Dos Bocas en donde “se dispuso la invitación restringida a cuatro empresas que, por lo demás, tienen en sus expedientes cargos por presuntos actos de corrupción” y a Pemex que, en lo que va de la administración, ha adjudicado por invitación restringida al menos siete contratos por alrededor de 44 mil millones de pesos.
Según datos de Pemex Exploración y Producción, dichos contratos corresponden a servicios de construcción de infraestructura, instalaciones de plataformas petroleras, servicios de perforación en campos terrestres, certificación de volúmenes de reservas, así como servicios de consultoría para un plan de acción ambiental de activos de Pemex.
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