El Gobierno de la Cuarta Transformación quiere establecer objetivos de financiamiento climático más ambiciosos a nivel internacional, aunque al interior de su administración desaparezca fondos para el cambio climático y perpetúe la disminución de recursos públicos enfocados en mitigar dicha situación.
Pese a los compromisos que adquirió México desde hace años para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en tratados internacionales como el Acuerdo de París, con sus acciones están lejos de cumplir ese objetivo, señalan expertos en la materia a pocos días de la celebración de la cumbre del climática COP26, que se llevará a cabo en Glasgow.
Será en esta cumbre climática en donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) proponga el incremento en el financiamiento al cambio climático con el objetivo de apoyar a los países en desarrollo para llevar a cabo adaptaciones.
En contraste a este posicionamiento, el año pasado desapareció el Fondo para el Cambio Climático como parte de la eliminación de 109 fideicomisos bajo el argumento de eliminar la corrupción y poca transparencia que se generaba como parte de su operación. Aunque los defensores de este fondo señalan que estaba sujeto a auditorías constantes y captaba recursos internacionales además de los públicos para enfocarlos en proyectos de reducción de vulnerabilidad del cambio climático.
Asimismo desde 2015 se ha registrado la disminución al presupuesto enfocado en el sector ambiental, señala Anaid Velasco, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
8.7
Para 2022 la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal contempla destinar 66 mil 542 millones de pesos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, que representa 8.7 por ciento menos que los 70 mil 274 millones que se aprobaron para el año en curso. Además estos recursos representan menos del uno por ciento del presupuesto total para el siguiente año que ascenderá a 7.08 billones de pesos.
Además de los limitados recursos públicos para atender la mitigación del cambio climático, los cambios en las regulaciones y políticas del sector energético en detrimento de la transición a energías limpias dan cuenta de esta ausencia de interés y voluntad por parte de este y otras administraciones federales, advierte la especialista.
“Recordemos actos como la cancelación de certificados de energía limpia, la cancelación de los certificados de energía limpia, el famoso acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la modificación de la Ley de la Industria Eléctrica, entre otros varios actos y el factor común es que se omite por completo el criterio de sustentabilidad del sector eléctrico, que conforme a la Constitución tendría que permear, guiar, las decisiones del sector energético”, explica al especialista como parte del análisis “México rumbo a la cumbre de Cambio Climático”.
Otro rubro en el que se ha hecho muy poco por integrar estándares y políticas públicas enfocadas en reducir su impacto ambiental es en el transporte. De acuerdo con Velasco hasta el momento se han detenido normas para establecer patrones tecnológicos en la manufactura de automóviles o camiones, así como para la distribución de combustibles “limpios”.
Llamado de la ONU contra el cambio climático
Pero México no es el único país que ha hecho poco por implementar políticas y acciones efectivas para mitigar el cambio climático. De hecho, esta semana la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró que se están quedando cortos los esfuerzos actuales de los países comprometidos con reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero.
En el Informe sobre la Brecha de Emisiones, publicado el 26 de octubre, la ONU advierte que los esfuerzos que están haciendo los países para reducir sus emisiones sólo apoyará para eliminar 7.5 por ciento de sus emisiones anuales para 2030, que resulta insuficiente para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados centígrados.
7.5
Para poder alcanzar la meta de 1.5 grados centígrados en el mundo se tienen que reducir a 55 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos ocho años. Esto significa eliminar 28 gigatoneladas adicionales de CO2 equivalente de las emisiones anuales, además de lo prometido en las contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas y otros compromisos para 2030.
La ONU también advierte que los países perdieron la oportunidad de utilizar el rescate fiscal y el gasto de recuperación por la pandemia de COVID-19 para estimular las economías y al mismo tiempo fomentar cambios hacia las bajas emisiones de carbono.
