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Las empresas que inviertan para ofrecer buenos productos y servicios a precios bajos serán castigadas por el gobierno.
El gasto en innovación puede significar la muerte para un negocio si consigue ser mejor que sus competidores y adquirir una participación de mercado muy grande, es decir, que la gente prefiera comprarles.
Este control excesivo del gobierno es lo que analistas afirman que pasará si se aprueba la nueva Ley Federal de Competencia tal y como está redactada al día de hoy.
Mediante un comunicado, el International Chamber of Commerce (ICC) se sumó a las voces de protesta que incluyen a diversos académicos y especialistas.
Uno de los principales problemas de la nueva ley es la ambigüedad con la que se refiere a términos claves, lo que termina otorgando grandes facultades al poder Ejecutivo para controlar al mercado.
El resultado será un ambiente de incertidumbre jurídica para los inversionistas que desincentivará la creación de nuevos negocios.
Así como mencionó Reporte Indigo en una nota sobre el regreso al control de precios, la cámara de comercio advierte que la definición contenida en la ley acerca de los “insumos esenciales” es demasiado amplia.
Mientras que esto implica un aumento en las facultades de la autoridad ante las situaciones de falta de competencia, también puede prestarse para lastimar el valor creado por agentes económicos.
En otras palabras, lo que el instituto señala es que el amplio control de la autoridad puede desmotivar la investigación y el desarrollo económico por miedo a ser muy eficientes, obtener una gran participación de mercado y ser castigados por la ley.
Para remediar lo anterior, el ICC propone que la figura de “insumos esenciales” sea aplicable solo en las prácticas monopólicas relativas, concentraciones o condiciones de competencia efectiva.
De este modo se garantizaría que no solo por tener una empresa eficiente con una gran participación de mercado se castigue a los inversionistas teniendo al largo plazo un efecto negativo en los consumidores.
¿Barreras a la competencia?
Del mismo modo que Anne Perrot, ex vicepresidenta de la comisión de competencia en Francia, y Assimakis Komninos,
exmiembro del comité antimonopolio de Grecia, el ICC afirma que el concepto de “barreras a la competencia” es demasiado vago.
No existen precedentes internacionales donde el uso de este concepto se encuentre dentro de la legislación, es decir, fue creado por los políticos mexicanos sin ser aclarado.
Este punto cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que la iniciativa permite ordenar la regulación de un mercado y hasta la desincorporación de activos, acciones o partes sociales de agentes económicos por cualquier cosa que la autoridad considere como una barrera.
Entre sus recomendaciones el ICC es muy claro, el concepto de “barreras a la competencia” no debe ser incorporado en la ley tal y como es contemplado, sino solo como una referencia dentro del análisis de competencia.
El procedimiento de investigación de mercado también es modificado para facilitar a las autoridades la sanción de las barreras. El peligro recae en que ahora los estudios y opiniones vinculatorias se emitirán de manera unilateral por el poder
Ejecutivo, lo que podría significar una politización de la competencia.
El ICC señala que se crearía un ambiente de incertidumbre jurídica porque quedaría al arbitrio de la autoridad investigadora la determinación de lo que es una barrera de competencia, su existencia y penalización.
Otras recomendaciones
Existen otras imperfecciones dentro de la iniciativa de ley que deben ser replanteadas antes de su aprobación. La propuesta para combatir el estrechamiento de márgenes, por ejemplo, es calificada como innecesaria por el ICC, ya que es el resultado de una serie de prácticas anticompetitivas previstas en la ley.
También se recomienda incluir la facultad de opiniones vinculantes por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica dentro de la iniciativa. Esto permitiría a empresas afectadas por un agente económico preponderante realizar quejas respectivas que inicien una investigación.
La posibilidad de que los terceros hagan valer sus preocupaciones se llama amicus curiae y es aplicado exitosamente en otras jurisdicciones.
Por último, la cámara de comercio estima que el poder otorgado a la autoridad investigadora en materia de competencia para meter a la cárcel a los agentes económicos no es adecuada.
El arresto y la imposibilidad de practicar el comercio a cualquier persona que viole la ley de competencia no existe en ningún ordenamiento legal extranjero.
Los especialistas concuerdan que, ante todo, solo las prácticas monopólicas absolutas deben tener alguna sanción tan severa.
Las expectativas creadas a nivel internacional por las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto pueden sufrir severamente con la nueva ley de competencia. Al mismo tiempo, esta es la razón por la que las autoridades están apurando su aprobación.
Las prisas pueden resultar en un fuerte golpe a la confianza de los inversionistas y restar fuerza al Mexican Moment.
Las propuestas de competencia
Estos son los problemas y recomendaciones que el International Chamber of Commerce hace a la iniciativa de ley que está por ser aprobada:
Iniciativa legal
> El gobierno tiene la facultad de controlar el mercado de cualquier insumo que considere esencial.
> Sanciones a los agentes económicos que realicen cualquier “barrera a la competencia”.
> Regular específicamente el estrechamiento de márgenes como práctica monopólica.
> Arresto de personas, inhabilitación de directivos y elevación de sanciones penales por violar la ley de competencia.
Recomendaciones de especialistas
> Acortar la definición de insumos esenciales de la ley , su campo de aplicación e incorporar un análisis de mercado.
> Eliminar por completo las referencias a las barreras de competencia del texto.
> Retirar dicho concepto de la ley, ya que es el resultado de otras prácticas ya contempladas.
> Armonizar las sanciones con el resto de disposiciones en materia de competencia para ser menos agresiva.
