En su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, que analiza el desempeño de la política de desarrollo social en el país, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), evidenció que los jóvenes mexicanos son el grupo de edad poblacional con más dificultades para encontrar un empleo formal.
De acuerdo con el análisis del Coneval, los mexicanos de entre 15 y 29 años son quienes más dificultades tienen para insertarse en el campo laboral: “En 2017, del total de las personas jóvenes ocupadas, 59.9 % se encontraba en empleos formales”.
El dato del organismo llama la atención, porque en éste se establece que “en México, la mayoría de las empresas son pequeñas e informales y absorben una gran parte del empleo”.
Aunque el Consejo destacó que se observó una disminución en los empleos informales, éste sigue siendo el tipo de trabajo que impera en la nación.
El Coneval señaló que en los últimos 10 años, 2.9 millones de personas dejaron de estar en la pobreza extrema, sin embargo “entre 2008 y 2016, la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas.
La disminución de la pobreza extrema, considera el Coneval, podría deberse a “la reducción de la mayoría de las carencias sociales, aunque las carencias de acceso a la seguridad social y a la alimentación todavía son altas y, por otro lado, el ingreso de los hogares ha tenido una trayectoria errática”.
Entre 2008 y 2016, dice el Consejo, se registró la mayor reducción de la carencia por acceso a los servicios de salud, y la carencia de acceso a la seguridad social “disminuyó en 4.1 millones de personas, pero todavía 68.4 millones presentan la carencia”.
Aunque la carencia de acceso a la alimentación aumentó entre 2008 y 2010, entre 2010 y 2016 se registró una reducción; hasta el año 2016, había 24.6 millones de personas con esta carencia.
El Coneval estableció que aunque entre 2014 y 2016 se registró un aumento en el poder adquisitivo de los mexicanos, éste resultó ineficiente para hacer frente a la inflación registrada a partir de 2017, la cual “ha provocado una disminución en el poder de compra de los hogares”.
El análisis indica que aunque el Gobierno debe considerar la pobreza al establecer políticas públicas, “para mejorar en el desarrollo social es necesario avanzar en el cumplimiento de los derechos y reducir las brechas que aún existen entre diferentes grupos sociales en el país, así como diseñar instrumentos de política pública que igualen las oportunidades de toda la población”.
