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“Gastar menos y gastar mejor”, así es como se resume la nueva política presupuestal del Gobierno Federal.
Durante la 78 Convención Bancaria celebrada el fin de semana pasado, tanto el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, como el presidente Enrique Peña Nieto anunciaron un rediseño de la administración pública federal.
La propuesta del ejecutivo federal consiste en realizar el presupuesto de gastos en base cero para identificar, y recortar, cualquier rubro innecesario.
“Ya estamos trabajando desde ahora en la elaboración del proyecto de presupuesto para el año 2016, que no será un presupuesto inercial, como lo ha sido en los últimos 15 años, si no que realmente se hará una revisión completa: de duplicidades en dependencias, de programas que ya no cumplen con sus objetivos”, dijo Luis Videgaray en entrevista para El Financiero.
Bajo esta nueva metodología, el Gobierno pretende hacer borrón y cuentas nuevas en el gasto público.
De acuerdo con el mismo secretario de Hacienda, esto es necesario ya que México debe ajustarse a los nuevos precios del petróleo que han caído casi un 50 por ciento desde mediados del año pasado.
Alrededor de una tercera parte de los ingresos públicos provienen de la renta petrolera, por lo que la nueva realidad en el mercado exige un cambio. Si bien este año el Gobierno fue capaz de proteger sus finanzas a través de la contratación de coberturas petroleras, no podrá repetir esta hazaña el próximo año.
Tanta es la presión sobre las autoridades fiscales que a principios de año realizaron un recorte de 124 mil 300 millones de pesos al presupuesto del 2015, lo que equivale a 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto.
“Lo hicimos (el recorte) de manera preventiva para asegurar que este entorno financiero internacional no ponga en riesgo la credibilidad de las finanzas públicas”, afirmó Videgaray.
El diablo está en los detalles
El presupuesto base cero que proponen las autoridades podría servir para eficientar el gasto público, pero no es la panacea.
Para que esto realmente suceda, será necesario acabar con los programas públicos regresivos, es decir, que no ayudan a distribuir la riqueza entre la población.
Sin embargo, este tipo de acciones está destinadas a tocar intereses de diferentes grupos que en el pasado se han mostrado renuentes al cambio argumentando derechos adquiridos inmutables.
Por otro lado, terminar con los presupuestos inerciales otorga una mayor poder de discrecionalidad a las autoridades. Esto facilitaría la creación y destrucción de programas sociales por motivos políticos.
A finales de mes se espera que la Secretaría de Hacienda publique los pre-criterios de política económica para el 2016 en los que se conocerán más detalles de los cambios propuestos.
Problemas regulatorios
La reforma fiscal fue uno de los cambios estructurales que enfrentó mayor resistencia en la población, particularmente en el sector empresarial. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo, cuyos ingresos financían un tercio del presupuesto federal, dieron el beneficio de la duda al proyecto recaudatorio de la Secretaría de Hacienda.
La dependencia estima que los ingresos no petroleros alcanzaron el 14.5 por ciento del PIB el año pasado. Para el 2018, se espera que la cifra sea de 16.6 por ciento del PIB.
No obstante, los críticos de la reforma fiscal citan esta medida como el principal factor de la desaceleración del crecimiento económico. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado señala que la reforma impulsó la informalidad, redujo el consumo y orilló al gobierno a contratar deuda.
En años anteriores, el gasto inercial se ha mantenido como constante en el modelo de crecimiento, pero la expansión del PIB ha sido decepcionante y es constantemente revisada a la baja.
Ahora, los recortes al gasto público y la eventual subida de tasas pronosticada para la segunda mitad de 2015 ponen en entredicho los pronósticos de crecimiento para el siguiente año. El Fondo Monetario Internacional espera que la expansión para el 2016 sea de 3.5 por ciento.
El presupuesto de 2015 contó con la activación del 100 por ciento de las coberturas petroleras, que aseguraron un precio promedio del barril de crudo de 79 dólares. Aún así, el gobierno tuvo que realizar un fuerte recorte al gasto público.
Con la Mezcla Mexicana cotizando alrededor de los 44 dólares por barril, se espera que el recorte de gastos para 2016 sea mucho más profundo que el de este año.