Buscando el derecho a trabajar

Los sindicatos representan un tema espinoso en todas las partes del mundo, incluyendo México. Cambiar las leyes referentes a ellos es un delicado acto de balance, se deben considerar los derechos de los trabajadores así como los intereses de las empresas.

Leyes que dotan de mucho poder a los sindicatos terminan por ahuyentar a la inversión, leyes muy blandas ponen en riesgo a las condiciones laborales de los trabajadores.

A pesar de ello, algunas entidades en Estados Unidos parecen haber llegado a un balance natural, que satisface a las dos partes, refleja las necesidades del siglo 21 y mejora el clima de negocios.

Se trata de las llamadas leyes “right-to-work” o “derecho a trabajar” según su traducción al español.

Estas leyes obligan a los sindicatos a cobrar las cuotas directamente a los trabajadores, mediante contribuciones individuales, y no a los patrones.

Prohíbe los acuerdos de seguridad sindical. Estos son entre los sindicatos y los empresarios que gobiernan lo que un sindicato puede exigirle a sus miembros y el pago de las cuotas sindicales como condición para ser contratados.

En la práctica, esto significa que los sindicatos tendrán que convencer a sus miembros de estar haciendo algo por ellos, y por lo tanto, que vale la pena que les paguen.

También hará de los sindicatos entes más transparentes, pues ningún trabajador querrá pagar de su propio salario para mantener una burocracia que sea corrupta.

¿Beneficio sin pagar?

Los oponentes a este tipo de legislación tienen un argumento económico, pero que no parece ser mayor ni opacar a los beneficios que este tipo de leyes traerían.

En teoría, los sindicatos funcionan para negociar mejores salarios y condiciones de trabajo con los dueños de las empresas.

Ellos argumentan que se dará el problema del agente parásito. Es decir, que algunas personas aprovecharán los beneficios que vienen con tener un sindicato, pero simplemente no pagarán por ello.

Un trabajador se beneficiaría de mejores salarios negociados por parte del sindicato incluso si no paga sus cuotas.

Sin embargo, la poca o nula transparencia en la estructura sindical que existe hoy provee justamente lo contrario. No hay manera de exigirles a los líderes que pidan las mejores condiciones para los trabajadores.

Los sindicatos simplemente no tienen incentivo para mejorar las condiciones laborales si el dinero sigue entrando a raudales. En México existen los casos de líderes sindicales cuyas fortunas se calculan en los millones. 

En cambio, si hubiera leyes que obliguen a los trabajadores a pagar de sus sueldos la contribución, los incentivos cambian. 

Debilita la corrupción

Un estudio en el estado de Michigan encontró que tras la aprobación de estas leyes, los sindicatos tienden a enfocarse más en las cosas que realmente importan para los trabajadores, como mejores salarios y beneficios, y menos en contratos complejos que incrementan su control sobre la empresa.

Además, el debilitamiento de la corrupción sindical, por medio de leyes como este tipo, sí han funcionado para atraer a empresas.

Otro estudio de un grupo de desarrollo económico en Indiana, Estados Unidos, encontró que hasta la mitad de las empresas que están planeando cambiar sus sedes, piensan hacerlo a estados con leyes de “derecho a trabajar”.

Las empresas dicen que les es más fácil negociar contratos con sindicatos más débiles pues aceptarán pagos basados en méritos y no solo en antigüedad.

Esto no significa que el trabajador tenga que sufrir. El mismo estudio también encuentra que tanto trabajos como salarios están a la alza en estados con leyes de este tipo que los que están atrapados en el pasado.

Incentivar la producción

Para un país como México esto representaría una manera mucho más moderna de pensar sobre los trabajadores.

Incentivaría a la mayor productividad laboral, lo que en turno tiende a incrementar los salarios.

De hecho, ningún sindicato no necesariamente significa menores condiciones de trabajo. Un ejemplo es el caso de la mina de Cananea que fue cerrada por una huelga ordenada por Napoleón Gómez Urrutia, dirigente minero.

Fue hasta que la empresa minera se afilió a otro sindicato que las condiciones de los trabajadores comenzaron a mejorar.

“El derecho a trabajar” serían un arma indispensable en la lucha contra el sindicato más grande del país, y el más temido por muchos políticos: el magisterial.

Una ley parecida a esta obligaría a los maestros a pagar de su salario neto, y no de dinero descontado en automático, como se hace actualmente.

Los maestros que así lo deseen seguirán pagando lo mismo al sindicato, pero lo harán conscientes de que esperan mejoras a cambio y más transparencia, y no como un trámite con una estructura poderosa en el poder.

Los sindicatos regresarían a su rol original: representar a los intereses legítimos de los trabajadores.