Calificadoras en la mira

Las investigaciones provocadas por la crisis financiera en el 2008 continúan su curso.

En los años posteriores a la crisis, las autoridades de Estados Unidos se dedicaron a investigar y sancionar a los principales bancos por realizar prácticas irresponsables que llevaron al estallido del problema.

Después de varias multas multimillonarias, la atención del Gobierno parece centrarse ahora en las tres principales calificadoras crediticias.

Fitch Ratings, Moody’s Investor Service y Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) emiten en conjunto el 95 por ciento de las calificaciones crediticias del mundo.

El análisis de estas empresas es uno de los principales factores que influyen en el comportamiento de los inversionistas. Su trabajo consiste en estudiar el nivel de riesgo y desempeño de diversos activos y otorgarles una calificación específica.

Estas puntuaciones sirven para conocer el nivel de riesgo que puede llegar a tener una inversión. Cuando un instrumento financiero, por ejemplo, goza de un buen avalúo por las calificadores, los inversionistas están más inclinados a apostar su dinero.

Sin embargo, existen sospechas de que las calificadoras otorgaron buenas calificaciones a activos respaldados con hipotecas a pesar de que sabían que eran inversiones riesgosas. Esto provocó en parte que los inversionistas apostaran más dinero de lo normal en instrumentos riesgosos. Cuando el negocio no fue sostenible, hubo una reacción en cadena que desembocó en una de las peores crisis económicas de la historia.

Los primeros culpables

No todas las acusaciones han sido hipotéticas. La semana pasada, S&P llegó a un acuerdo legal con las autoridades para pagar mil 500 millones de dólares y poner fin al litigio por las calificaciones polémicas.

De acuerdo con la investigación oficial, existen testimonios de empleados de S&P que advirtieron a los ejecutivos de la firma que las calificaciones otorgadas eran inadecuadas e ilegales.

S&P le contestó a este grupo de empleados que no reducirían las calificaciones por temor de que se pudiera afectar el negocio del grupo. En otras palabras, en lugar de hacer su trabajo, la empresa decidió quedar bien con sus clientes.

La multa impuesta a S&P representa alrededor del 30 por ciento de los ingresos anuales de McGraw Hill, la empresa matriz de S&P.

Además de esta multa, Moody’s se encuentra actualmente bajo una investigación judicial por motivos similares que resultaron en la multa de S&P. 

De acuerdo con personas cercanas al caso citadas por The Wall Street Journal, la investigación apenas se encuentra en la primera etapa, por lo que todavía no es seguro de que termine en una demanda judicial.

Sin embargo, algunos analistas opinan que Moody’s otorgó el mismo tipo de calificaciones generosas bajo condiciones similares a las de S&P. En ese sentido, sería sólo cuestión de tiempo antes de que llegue a un acuerdo parecido.

Por su parte, todavía no existe una investigación oficial en contra de Fitch Ratings, pero parece ser sólo cuestión de tiempo si se toma en cuenta la experiencia que se tuvo en los últimos años con las multas de los bancos

Castigos bancarios

La estrategia que las autoridades estadounidenses están empleando contra las calificadoras es la misma que utilizaron contra los bancos vinculados a la crisis.

Esto no es sorprendente al considerar lo exitosa que ésta fue. En total, los seis mayores bancos de Wall Street pagaron más de 100 mil millones de dólares en multas como parte de acuerdos diseñados para evitar condenas judiciales.

Entre ellos, los más afectados fueron Bank of America y JPMorgan Chase, que pagaron 19 y 13 mil millones de dólares respectivamente.

Sin embargo, este éxito no se ha extendido a la investigación y condena de los ejecutivos individuales que son señalados como responsables de las acciones fraudulentas de los bancos. 

A pesar de que el Departamento de Justicia se ha rehusado a retirar estas investigaciones como parte de sus acuerdos legales con los bancos, ningún directivo bancario de alto nivel ha tenido que enfrentarse a un juicio criminal relacionado con la crisis del 2008.