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El control sobre las finanzas públicas cada vez es más centralizado. La actual administración federal se ha diferenciado de sus antecesores por ejercer un mayor dominio sobre el gasto público.
Todo comenzó con la caída del precio del petróleo que inició hace un año. Los menores ingresos petroleros, que todavía representan un tercio del presupuesto público, obligó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar un recorte de 124 mil 300 millones de pesos al presupuesto del 2015, lo que equivale a 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, esto es sólo el comienzo ya que se espera que el 2016 también se vea marcado por la austeridad, lo que podría tener consecuencias negativas para el crecimiento económico del país.
En el intento por optimizar los recursos públicos, Hacienda prometió que el presupuesto para el siguiente se realizaría en base cero para identificar, y recortar, cualquier rubro innecesario. Bajo esta nueva metodología, el Gobierno realizaría un borrón y cuentas nuevas al presupuesto. Todos los programas que ocupan un lugar en el gasto se evaluarían y sólo aquellos imprescindibles y eficaces recibirán dinero.
Cada año, la Secretaría de Hacienda propone ante la Cámara de Diputados el presupuesto para el siguiente año. Esto significa que ahora Hacienda tendrá facultades más amplias para eliminar dependencias federales.
Aún y cuando los diputados federales tienen que aprobar el proyecto de Hacienda, las elecciones recientes otorgaron una mayoría al PRI en el Congreso en alianza con el Partido Verde. Con el control ejecutivo y legislativo del país, el presidente ha centralizado el gasto público del país.
Todos por el hueso
Además de crear un presupuesto base cero, el Gobierno Federal planea realizar concursos entre las secretarías para que sólo se realicen los mejores proyectos de infraestructura.
En lo que se considera como una reingeniería del gasto público, se crearía un fondo de recursos común para todas las secretarías, en lugar de asignar un presupuesto a cada una como se ha realizado en los últimos años.
De acuerdo con miembros de la sociedad civil entrevistados por Grupo Reforma, las autoridades han buscado la ayuda de ciudadanos para establecer las nuevas reglas del juego.
Así como las dependencias corren el riesgo de que no se les asigne dinero, esto también significa que puedan gozar de un presupuesto ilimitado.
Asimismo, la Función Pública planea un nuevo organigrama administrativo para evitar duplicidades como compartir áreas de comunicación o informática y unificar criterios de costos.
Algunos especialistas estiman que un presupuesto base cero será muy difícil de conseguir, pero que sí se hará una cambio a gran escala del gasto para el siguiente año.
Los peligros de la centralización
Las propuestas realizadas por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tienen como principal objetivo eficientar el gasto para que la austeridad no tenga un gran impacto negativo.
El problema es que un alto grado de centralización suele otorgar amplios poderes en pocas personas, lo que en México se ha convertido usualmente en abusos de la autoridad. La actual administración federal ha sido acusado en varias ocasiones de ejercer un control estricto del gasto con fines políticos.
Incluso el tan publicitado recorte al gasto anunciado a principios de años parece haberse quedado sólo en promesas para algunos analistas. Durante el primer cuatrimestre del año, el Gobierno Federal gastó 99 mil millones de pesos más de lo que gastó durante el mismo periodo del año pasado.
De tal modo, para cumplir con su promesa de gastar 124 mil 300 millones de pesos en el 2015, tiene que gastar durante lo últimos ocho meses del año alrededor de 223 mil 300 millones de pesos menos de lo que gastó en ese periodo el año pasado.
Las autoridades defienden esta inconsistencia afirmando que el 2015 es un año de elecciones federales, lo que irremediablemente eleva de manera considerable el gasto. Sin embargo, la cuesta que todavía está por subir se ha convertido en más empinada.
Por otro lado, las dependencias a las que se les aplicó un recorte de presupuesto más severo fueron la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex. El problema es que con la reforma energética estas empresas productivas del Estado tienen autonomía presupuestal, lo que significa que el supuesto recorte ordenado por el Gobierno es sólo una sugerencia.
Con las actuales condiciones del mercado y la necesidad de Pemex de competir con extranjeros, las buenas intenciones de austeridad pueden terminar sólo en palabras.
