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Un nuevo reto para la Cofece podría residir en las resistencias, no de los agentes económicos privados sujetos al escrutinio, sino a aquellas al interior del Gobierno mexicano
El activismo de la Cofece ha tocado fibras sensibles en Pemex y otras áreas del sector público mexicano
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) está marcando un punto y aparte respecto a las autoridades antimonopolio mexicanas que precedieron a la reforma de competencia promulgada por la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
El activismo de la Cofece pretende romper una larga tradición de futilidad y debilidad de los reguladores económicos mexicanos. La autonomía y capacidad institucional del organismo que dirige la comisionada Alejandra Palacios contrasta con la fragilidad de la extinta Comisión Federal de Competencia, cuya influencia era insuficiente para limitar las condiciones de dominancia de agentes económicos de la talla de Telmex.
El protagonismo de la Cofece se ha intensificado en los últimos meses. En marzo, el organismo de competencia impuso una multa de 653 millones de pesos a Pemex Refinación por condicionar la venta de combustible a franquiciatarios de la petrolera a la contratación del servicio de transporte de combustibles a la unidad de transporte de Pemex Refinación.
En abril, se anunció que la Autoridad Investigadora de la Cofece iniciaría una indagatoria sobre posibles prácticas monopólicas en el mercado de bonos emitidos por el Gobierno mexicano. El hecho es relevante no sólo por la magnitud de este mercado, que opera valores equivalentes a unos 100 mil millones de pesos diarios; sino porque toca fibras sensibles para el rol de Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como reguladores financieros.
En mayo, el pleno de la Cofece determinó que los cuatro principales administradores de fondos para el retiro (Afores) habían incurrido en prácticas anticompetitivas. Se sancionó con una multa histórica de 1.1 mil millones de pesos.
En junio, se impuso otra multa de 368 millones pesos a Pemex Transformación Industrial por no haber respetado el compromiso de poner fin al trato discriminatorio en la venta de hidrocarburos.
Ese mismo mes, el pleno que preside Alejandra Palacios sancionó a siete empresas navieras por utilizar prácticas monopólicas absolutas para manipular el precio de los embarques que transportan automóviles. La multa fue de 581 millones de pesos.
Una nueva oportunidad
Ahora, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una asociación civil financiada por el empresario Claudio X. González, ha abierto una nueva oportunidad para que la Cofece investigue un caso de alto perfil.
MCCI sostiene que Grupo IUSA, el conglomerado manufacturero que preside Carlos Peralta Quintero se coludió con una empresa espejo (Conymed) para simular un proceso de competencia en las licitaciones de medidores de luz que realiza la CFE. La investigación que realizó MCCI da cuenta de que el 99.9 por ciento de las acciones se encuentran bajo el control compartido de Gabriela Martínez y Andrés Tort Rivera. Éste último es hermano de la esposa de Peralta Quintero, presidente y director general de Grupo IUSA.
En lo que va de este sexenio, Grupo IUSA y Conymed han obtenido contratos de la CFE por un monto de 11.8 mil millones de pesos.
Ayer, el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, el brazo jurídico de MCCI denunció a Grupo IUSA por prácticas monopólicas ante la Cofece. El caso evoca una de las resoluciones más emblemáticas de la extinta Comisión Federal de Competencia: la colusión de tres empresas farmacéuticas para repartirse contratos del IMSS para proveer insulina, el cual derivó en una multa de 151 millones de pesos para compensar el sobrecosto promedio de 57 por ciento en las licitaciones celebradas entre el 2003 y el 2005.
¿Fuego amigo?
La experiencia de la Comisión Federal de Competencia, el organismo que antecedió a la Cofece, dejó una lección clara: los conflictos judiciales con los agentes económicos dominantes son desgastantes para las autoridades antimonopolio.
Por ello, la reforma constitucional otorgó nuevas facultades a la Cofece para impedir la captura regulatoria. Además, se estableció una separación de la Autoridad Investigadora, que recopila información y construye un caso y el pleno de los comisionados, cuyo voto colegiado tiene la última palabra en las determinaciones del organismo regulador.
Sin embargo, analistas plantean que un nuevo reto para el regulador de competencia podría residir en las resistencias, no de los agentes económicos privados sujetos al escrutinio de competencia, sino a aquellas que tienen lugar al interior del mismo Gobierno mexicano. Las resoluciones recientes de la Cofece afectan intereses específicos del sector público. Versiones periodísticas y columnas especializadas han filtrado una supuesta inconformidad de algunos funcionarios respecto al inusitado protagonismo de la Cofece.
El caso denunciado con MCCI cuenta con un fuerte componente político. La mayoría de los contratos obtenidos por Grupo IUSA fueron otorgados durante la administración de Enrique Ochoa Reza en la CFE. Huelga decir que Ochoa Reza es actualmente el presidente nacional del PRI y una figura cercana a miembros del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto.
A pesar de que la Cofece es una entidad completamente apolítica, opera en un ecosistema en el que se intersectan intereses que trascienden el ámbito institucional.
La semana pasada, Carlos Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece presentó su renuncia, citando motivos personales. Mena ha sido una de las figuras centrales del activismo regulatorio reciente de la autoridad antimonopolio.
