El momento de Cofece

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa conjunta de casi 1.1 mil millones de pesos a cuatro administradoras de fondos para el retiro (Afore): Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo GNP.

Ésta representa la multa más alta en la historia de un regulador del Estado mexicano a alguna entidad del sistema financiero.

La Cofece afirma que estas Afore se coludieron para obstaculizar el proceso de traspaso, fundamental para que se garantice la competencia en el mercado; así como para reducir su gasto en publicidad.  La Consar reportó una reducción de los traspaso en las Afore del 33 por ciento entre 2014 y 2016.

La colusión se realizó mediante acuerdos bilaterales entre los directores generales y directores de operaciones de estas firmas, utilizando sobrenombres en correos electrónicos para ocultar la identidad de las empresas.

Las multas de la Cofece incluyen castigos directos a 11 personas físicas, que son miembros de Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo GNP.

“El país de los monopolios”

La determinación de la Cofece no sólo marca un hito regulatorio en términos de magnitud, sino que refleja un cambio en una política antimonopolio que se ha intensificado significativamente a partir de la introducción de la Ley de Competencia Económica aprobada durante el ciclo reformatorio de la primera mitad del sexenio.

México, una de las 20 economías más grandes del mundo, ha apostado por un modelo de apertura e integración comercial que se conjuga con una política que privilegia la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, esta fórmula de desarrollo contrasta con los bajos niveles de competencia del mercado mexicano.

De acuerdo al reporte de competitividad global 2016-2017 del Foro Económico Mundial, México ocupa el sitio 77 de 138 en el ranking de competencia. Esta evaluación es consistente con la percepción de Ruchir Sharman, director para mercados emergentes de Morgan Stanley Investment Management, de que México es una economía con estructura oligopólica.

La falta de competencia es referida por el consenso de analistas como un problema estructural de larga data de la economía mexicana.  Esta percepción ha permeado también en el debate político. En el 2007, Andrés Manuel López Obrador, quien hoy lidera la mayoría de las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2018, dijo que México se había convertido en un país de monopolios.

En ese sentido, una parte fundamental del proceso reformatorio emprendido por la administración de Enrique Peña Nieto estuvo abocado a romper con el paradigma de que la capacidad regulatoria del Estado mexicano se encuentra capturada por los poderes fácticos.

El ejemplo más evidente de este esfuerzo de política económica reside en el sector de telecomunicaciones. En primera instancia se impusieron regulaciones asimétricas a América Móvil, el agente económico preponderante. En segunda instancia se ha facilitado la entrada de un jugador de alto perfil, AT&T, para propiciar condiciones de competencia adecuadas.

Cofece 2.0

A pesar de que la regulación del sector de comunicaciones es facultad exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la intensificación regulatoria también se ha vuelto patente en las prácticas de la Cofece.En febrero de 2017, por primera vez en la historia del organismo regulador, se impusieron denuncias penales contra personas físicas por un caso de colusión monopolística.

El despacho de Carlos Mena Labarthe,  titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, encontró que grupos farmacéuticos incurrieron en un daño de 382 millones de pesos a las instituciones públicas de salud por incrementar artificialmente los precios de medicamentos en un 52 por ciento.

Las denuncias penales contra empresarios y funcionarios públicos corren de manera paralela a la investigación de la Cofece y podría implicar de cinco a 10 años de cárcel.Tal como en el caso de la colusión entre las Afore, la figura del programa de inmunidad corporativa jugó un papel fundamental para el avance de las investigaciones.

Afore XXI Banorte obtuvo una reducción de su multa por cooperar con las autoridades antimonopolio. El castigo fue recortado de 428 millones de pesos a 300 millones de pesos.

Por otra parte, la Cofece también ha incursionado en sectores que tradicionalmente se encontraban fuera del escrutinio cotidiano de las agencias antimonopolio.

El mes pasado, se inició una investigación sobre posible colusión en el mercado de intermediarios financieros para la bursatilización de bonos de deuda del gobierno mexicano. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se abstuvo de emitir una postura al respecto, refiriendo que esperaría hasta la conclusión de las investigaciones para hacer un posicionamiento público.

Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los consumidores mexicanos pagan un sobreprecio de alrededor de 40 por ciento,  en mercados donde la competencia es baja o inexistente.

En el caso de la población de menores ingresos, ésta gasta en promedio el 42 por ciento de su renta en sectores de baja competencia.