Durante la más reciente elección presidencial en Brasil, el partido y la campaña de la presidenta Dilma Rousseff se vieron afectados por quizá el mayor caso de corrupción en la historia del país.
El escándalo se originó en la paraestatal petrolera Petrobras, e involucra miles de millones de dólares en sobornos y lavado de dinero, destinados a asegurar apoyo para el Partido de los Trabajadores y sus aliados políticos.
Estas revelaciones no sólo arriesgaron el desempeño electoral de Rousseff y de su partido, sino que además ahuyentaron aún más a los inversionistas de Petrobras, en particular, y de Brasil en general.
Como consecuencia, el precio de sus acciones se ha hundido a su nivel más bajo en más de 10 años, y su actual capitalización de mercado es menos de un cuarto de lo que era a finales del 2010, cuando Rousseff entró a la presidencia.
Y aún más allá de la misma empresa, los problemas de Petrobras han traído consecuencias negativas para los mercados financieros de Brasil.
El IBovespa, el índice que mide el desempeño de la Bolsa de Valores de São Paulo, ha caído más de 20 por ciento del 2 de septiembre a la fecha, arrastrado en parte por la caída de Petrobras, ya que ésta tiene un peso de más de 7 por ciento en él.
El famoso autolavado
El escándalo, conocido en los medios como “el autolavado” por el nombre código usado por la policía, comenzó cuando en marzo de este año las autoridades arrestaron a Paulo Roberto Costa, exdirector en Petrobras de las áreas de suministro de combustible entre 2004 y 2008, y de refinación entre 2008 y 2012, respectivamente.
Costa fue arrestado por sus vínculos con un vasto esquema de sobornos y lavado de dinero en la paraestatal, y accedió a cooperar con las autoridades.
En su testimonio, reveló que durante por lo menos siete años él y otros directivos de Petrobras otorgaron contratos de construcción inflados a empresas asociadas con Petrobras, poniendo el excedente (típicamente de 3 por ciento del valor total) en sus propios bolsillos y en las arcas del gobernante Partido de los Trabajadores y de sus aliados.
The Economist reporta que en total, el esquema de corrupción podría haber resultado en entre 5 y 7 mil millones de dólares en ingresos ilícitos (aunque su alcance aún no es seguro y podría ser mucho mayor), involucrando a más de 40 políticos, incluyendo un ministro, tres gobernadores, seis senadores y docenas de diputados.
