Confianza ciega

La distracción es el gancho. La forma de cometer fraudes a los usuarios de servicios financieros ha evolucionado en los últimos años, gracias al uso de técnicas sofisticadas y el avance de la tecnología.

Estas innovadoras herramientas le han abierto las puertas a grupos de estafadores y aunque la mayoría de las víctimas culpa a los bancos y al gobierno por esta situación no toda la responsabilidad recae en ellos, ya que los usuarios también se deben preocupar por investigar a las instituciones en las que muchas veces y de forma ciega depositan su confianza.

De ahí la importancia de que se informen sobre las medidas para la protección de sus datos personales sin olvidar que se deben de hacer con independencia de las acciones que los propios organismos están obligados a realizar en materia de seguridad conforme a las disposiciones normativas.

Orlando Martínez, fue víctima de robo de identidad hace siete años y, hasta la fecha, esa situación le sigue cobrando la factura al grado de afectar su vida cotidiana, su economía y su estabilidad emocional.

El asesor de ventas relata que todo inició con un trámite vehicular en un establecimiento que parecía estar regulado donde le pidieron documentos con un particular interés en su INE.

Sin saberlo en ese momento comenzó el viacrucis, ya que poco después se enteró que su identificación había sido clonada para solicitar tarjetas de crédito en distintos bancos, entre ellos, Banco del Bajío, Banorte-Ixe, Santander y Banamex.

“Pasaron varios meses para que me diera cuenta de lo que estaba pasando hasta que un día llegó a mi casa un recibo de Liverpool, pensé me estaban ofreciendo de nuevo una tarjeta de crédito, pero cuando lo abrí me llevé una gran sorpresa porque en el sobre había un estado de cuenta con una deuda de más de 115 mil pesos”, detalla Orlando.

Esta situación no es un hecho aislado, cada año miles de mexicanos atraviesan por esta situación. Hasta la fecha, Martínez no ha podido solucionar este problema y aún padece las secuelas, debido a que no solo perdió la oportunidad de acceder a tarjetas de crédito para solventar sus emergencias, también su cuenta de nómina, por lo que le tienen que depositar en cheques, de lo contrario los bancos le sustraen su sueldo. El asesor de ventas también teme por las represalias, pues sospecha que los responsables aún poseen sus datos personales.

Leyes insuficientes

El caso más reciente de fraude en el sistema financiero es contra Marcela Zavala Taylor, agente en financiera Monex Casa de Bolsa, quien está denunciada por estafar a más de 10 mil ciudadanos estadounidenses, en su mayoría jubilados que residen en San Miguel de Allende, Guanajuato, por una suma que casi alcanza los 40 millones de dólares.

Los clientes afectados, propietarios de 158 cuentas, solicitaron ayuda al gobierno mexicano para dar una resolución a este caso, sin embargo, las medidas regulatorias que tiene México no son compatibles con empresas que fueron traídas de otro país.

Mario Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), asegura que si una empresa extranjera llega a México a ofrecer sus servicios y resulta que es un fraude o que no cumple con sus clientes, los organismos como la Comisión no pueden hacer nada al respecto, ya que es el bróker extranjero quien representa a la institución en el país y solo él puede tomar medidas.

“Aquí lo que pasó es que hubo una falta de regulación clara para el usuario, cuando no hay transparencia las empresas pueden traspasar la franja que opera fuera de la ley. Se debe implementar un marco jurídico que dé mayor certeza al usuario y que permita perseguir y castigar de manera eficiente los delitos. Los delincuentes se aprovechan para engañar de la falta de información y de educación financiera que muchas veces tienen las personas”, explica Di Costanzo.

Los fraudes financieros conforman una de las actividades delictivas que generan cuantiosas pérdidas a la economía de México. En 2017, las indemnizaciones por este delito en aseguradoras alcanzaron los 12 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la Justicia (hoy FGR), si a esta cifra se suman las pérdidas por fraude en las áreas restantes del sector financiero el daño se maximiza afectando la economía nacional y la de las empresas.

Di Costanzo asegura si se contara con una ley regulatoria que estuviera al pendiente de todas las instituciones financieras que no cumplen con los códigos de seguridad el índice de fraudes disminuiría.

El expresidente de la Condusef opina que se debe poner énfasis en el fraude digital, ya que en la actualidad todo el mundo tiene acceso a datos personales y los usuarios están más propensos a ser víctimas de un delito

“El año pasado la Conducef recibió 9.2 millones de quejas de internet, esto nos habla de un problema de regulación y de leyes, hay vacíos que la ley no está cubriendo. Las personas deben de darle la vuelta a esta situación y aprender a no confiar e investigar primero con quienes van a hacer tratos”.