La inmunidad a la ley podría acabarse para algunos contadores. Las inconsistencias registradas alrededor del tema de condonación de impuestos y otros factores desencadenaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordaran cambios a la reforma fiscal contenida en el Paquete Económico 2020.
Las piezas del ajedrez se están moviendo con la finalidad de dar certidumbre al sector privado y disipar todos los elementos que le daban libertad al gobierno para ejercer funciones por encima de la ley.
Para detectar el lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encargaría de vigilar a los contadores vinculados con clientes que muestran una tendencia a los juegos de apuestas, emisión de tarjetas de servicios o prepagadas, préstamos, sector inmobiliario, comercialización de joyería, obras de arte, vehículos, entre otros.
Uno de los temas con mayor índice de irregularidad y que podría estar sujeto a los ajustes planteados, son los esquemas reportables. Con esta medida los contadores se obligarían a revelar determinados esquemas fiscales, sean generalizados o personalizados y además, a registrarse en un padrón especial que le permita a las autoridades conocer, en cualquier momento, las actividades que realizan.
Por el mismo salario algunos asesores tributarios realizan trabajos sin importar si son legales o no
De acuerdo con especialistas, cambiar los esquemas reportables pondrían en jaque a los contadores y el trabajo que realizan, porque durante mucho tiempo el conocimiento que tienen sobre la aplicación de leyes y artículos, los ayudó a que los vientos soplaran a favor de sus clientes.
Víctor Manuel Hernández, experto en temas fiscales, asegura que los cambios a esta reforma le quitarán a los contribuyentes su derecho a una planeación fiscal, se verá afectado el derecho de secreto profesional de las empresas y además, las medidas impuestas irán en contra de la ética del contador público.
Insiste en que esta medida dañaría la imagen de todos los que ejercen la labor fiscal, pues con la medida impuesta, la autoridad daría por hecho que todos los esquemas son ilegales, en especial los reportables.
La autoridad podrá intervenir en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, sobre todo cuando se informe de una actividad relacionada a la disminución en el pago de impuestos. Si para la autoridad las declaraciones no concuerdan con lo que se reportó, el contador podría ser sancionado.
Claroscuros para los contadores
Evadir impuestos en el gobierno de la Cuarta Transformación será una labor titánica y arriesgada para quienes la practiquen, pues no solo se expondrán al momento de declarar impuestos, cualquier tipo de terrorismo fiscal como el que se ha presentado en las factureras también será sancionado.
Las penas propuestas para quienes intenten hacerle trampa a la ley se pagarán con 15 años de salarios mínimos, esto solo si el valor de lo evadido es inferior a ocho mil 500 sueldos, pero, si la cifra se supera, los responsables pagarán con cárcel.
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Víctor Manuel Hernández comenta que con estas medidas le quitarán a las empresas que no cometen el error de saltarse las leyes, la oportunidad de ejercer sus actividades, obtener rendimientos, reducir costos y expandir su mercado.
“Otra de las situaciones graves que podrían propiciarse es que los contadores ya no quieran hacer planeaciones por temor a que los penalicen”.
