La silla se encuentra vacía. Por primera vez en su historia, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) renovará su titular, pero la búsqueda del perfil adecuado se complica por los intereses que existen alrededor del organismo.
Por ahora, el árbitro encargado del despacho es Luis Alberto Placencia Alarcón, quien fue nombrado como Subprocurador de Asesoría y Defensa, pero cuando Diana Bernal Ladrón de Guevara concluyó su gestión como ombudsman fiscal el año pasado, poco después tuvo que sentarse a la cabeza de la mesa.
La situación se complicó, ya que con base en la Ley Orgánica de la Prodecon, el jefe del Ejeutivo debe enviar su terna al Senado de la República para que ahí se designe al nuevo titular por un periodo de cuatro años.
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Sin embargo, los candidatos que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a inicios de junio de este año no cuentan con los requisitos necesarios para cubrir la vacante.
Los llamados a presidir la Prodecon fueron Ricardo Rodríguez Vargas, exdirector del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), la exsenadora suplente del PRD Martha Patricia Jiménez Oropeza, y Carlos Alberto Puga Bolio, director de área del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, en la Secretaría de Hacienda.
En un intento por evitar que la oficina principal fuera ocupada por alguien con experiencia en otras áreas, el abogado Juan Carlos Pérez Góngora promovió un amparo desde la organización que preside México Justo en conjunto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La respuesta fue positiva, ya que hace unos días el Poder Judicial suspendió de manera definitiva el proceso de designación del nuevo procurador de los contribuyentes.
Al respecto, Pérez Góngora comparte que México Justo y MCCI formaron un equipo de abogados pro bono y de otros despachos que también participaron para analizar el tema y presentar el amparo.
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“Con esta medida el nombramiento no se puede dar y confiamos en que en los próximos meses el Poder Judicial nos dé la razón, porque todos los integrantes de la terna deben cumplir con los requisitos de ley y los candidatos que se seleccionaron podrán tener capacidades para otro tipo de actividades, pero no para la Prodecon. Quien esté a cargo debe ser un defensor de los contribuyentes”, agrega el socio director en Pérez Góngora & Asociados.
Cumplir con el objetivo de la Prodecon
La Prodecon cumplirá nueve años de proporcionar de forma gratuita servicios de orientación, asesoría, consulta, representación y defensa legal a los 78.7 millones de contribuyentes que están registrados ante el SAT.
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El 28 de abril de 2011, Diana Bernal Ladrón de Guevara fue elegida como primera ombudsman fiscal en México. A partir de ese momento la Prodecon tuvo 120 días para entrar en funciones, por lo que el 1 de septiembre abrió sus puertas al público.
Durante este tiempo, la procuraduría ha velado por los intereses y derechos de los contribuyentes frente a los actos de las autoridades fiscales.
De ahí la importancia de contar con un perfil especializado en la materia, con experiencia acreditada en los últimos cinco años y su trayectoria tiene que estar relacionada con la defensa de los derechos tributarios.
Hasta julio, el organismo brindó 12 mil 811 asesorías y recibió mil 883 quejas y reclamaciones, mientras que mil 043 registros fueron por citas de orientación y 700 por representación legal, de acuerdo con su informe mensual.
En lo que va de agosto el número de asesorías que se han recibido asciende a 6 mil 164, en tanto que las orientaciones reportadas se ubica en 448, en el caso de representación legal van 302, y de quejas y reclamaciones suman 930.
El presidente de la organización México Justo, Juan Carlos Pérez Góngora, asegura que la Prodecon da resultados y no se ha involucrado en ningún caso de corrupción gracias a que se contrata al personal indicado que apoya en la labor de proteger los derechos de los contribuyentes y este camino trazado se tiene que mantener.
Es una institución fundamental para el Estado mexicano y todos los recursos que recibe el gobierno provienen de lo que generan millones de contribuyentes, por eso lo mínimo que se les debe garantizar es que sus derechos estén protegidos
