México, Estados Unidos y Canadá llegaron al final de la sexta ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con varios acuerdos cerrados sobre la mesa. Uno de los más aplaudidos fue el Capítulo Anticorrupción, con el que se busca penalizar a gobiernos y empresas que incurran en delitos como sobornos, desvío de recursos, malversación de fondos, entre otros.
“Estamos viviendo un momento mucho mejor en las negociaciones, se ha avanzado en muchas áreas, sobre todo en aquellos capítulos que buscan modernizar el tratado. Hemos podido concluir el Capítulo Anticorrupción que incluye disciplinas muy fuertes, que van más allá de lo que se han realizado en tratados de libre comercio anteriores”, dijo Ildefonso Guajardo Villarreal, Titular de la Secretaría de Economía, en un mensaje a medios.
Tras el anuncio, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó que el cierre de este capítulo contribuye a la modernización del TLCAN y establece mejores prácticas internacionales en la región. Por su parte, Juan Pablo Castañón, Presidente del CCE, manifestó en un comunicado que el sector empresarial se sentía “muy satisfecho por el logro alcanzado ya que fue México quien hizo e impulsó la propuesta”.
En el Capítulo Anticorrupción se tipifican los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito obligando a las partes a establecer medidas eficaces de sanción y prevención de los mismos. También se obliga a las partes a promover la integridad de los funcionarios públicos y a proteger a los denunciantes en las investigaciones, así como la correcta aplicación de las leyes de cada país en la materia. Asimismo, se establece el compromiso trilateral de alentar a las empresas a que eviten los pagos de facilitación y se establezcan mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Un precio muy alto
Para México, el cierre de este capítulo es relevante, pues deberá cerrar filas y prestar mayor atención a uno de los puntos más débiles en su agenda. “Los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los pocos o muchos intentos para reducirlos han sido un fracaso”, asegura María Amparo Casar en el estudio ‘México: Anatomía de la corrupción’.
En el reporte se estima que, tan solo en 2015, el costo de la corrupción alcanzó los 906 mil MDP, equivalentes al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Diversos estudios coinciden en que el costo podría alcanzar hasta un máximo de 10%, es decir que, de cada 100 pesos de riqueza que genera la economía mexicana, 10 se estarían destinando a la corrupción, de acuerdo con datos del Banco Mundial.
En materia de transparencia, México ha mostrado una clara opacidad al momento de ser evaluado. Este país se ubica en el puesto 123 de 176 economías evaluadas en todo el mundo, con una calificación de 30 puntos (donde 0 es altamente corrupto y 100 ausencia de corrupción), de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, elaborado por Transparencia Internacional, cuya metodología permite comparar desde 1995 los niveles de percepción de la corrupción en más de 170 países.
Las empresas también han tenido que pagar un alto costo. En 2016, los negocios de todos los tamaños en México pagaron 1,600 MDP por actos de corrupción en el pago de trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con autoridades federales, estatales y municipales, revelan cifras de la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La trayectoria hacia la modernización del TLCAN no ha sido fácil. Y ahora, México se enfrenta a otro reto: comprometerse con los puntos que se establecieron en el Capítulo Anticorrupción, incluyendo la completa implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y con ello cumplir con los acuerdos internacionales adquiridos.
