Era febrero de 2019, los apretones de mano, abrazos y eventos multitudinarios todavía eran la norma. Se trataba del primer evento público que encabezaba Carlos Salazar Lomelín como líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y entre aplausos, sonrisas y la frase “Trato Hecho” el presidente Andrés Manuel López Obradror selló su compromiso con la cúpula empresarial mexicana para hacer crecer cuatro por ciento al país al final de su sexenio.
Desde aquel momento en el que todo apuntaba a que habría una relación cercana entre los empresarios y el presidente de la República han pasado dos años cuatro meses, una pandemia que impactó severamente la economía mexicana y una serie de eventos que indican tensión entre ambos grupos.
La meta de impulsar el Producto Interno Bruto (PIB) del país sigue firme, al menos por parte de los integrantes de la Iniciativa Privada. Sin embargo, en el camino hacia el crecimiento económico de seis por ciento en 2021 se distinguen obstáculos como el control de la pandemia, el inconsistente programa de vacunación contra el COVID-19 y la falta de confianza de inversionistas en el Gobierno federal, afirma Salazar Lomelín en entrevista con Reporte Índigo.
El exdirector de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) explica que pese al apoyo que líderes empresariales del país ofrecieron para la aplicación y distribución de vacunas con el objetivo de acelerar el proceso, el Gobierno federal les ha pedido que “esperen”, incluso ante el éxito de la prueba piloto en la que intervino el CCE con apoyo de logística para la aplicación de vacunas en el estadio Nemesio Diez, en Toluca, en marzo de este año.
No se trata sólo del programa de vacunación, de hecho, la administración de López Obrador se ha caracterizado por mantener una relación cordial pero distante de los líderes empresariales, quienes al mismo tiempo insisten en mantener su línea directa para presentar inconformidades o propuestas respecto al rumbo del país.
En particular, Salazar Lomelín promete enfocarse en tres aspectos durante su último año de gestión frente al CCE: la recuperación económica del país, la promoción de la inversión y la integración de la prometida Reforma Fiscal por parte de autoridades financieras del país.
Para el primer trimestre de 2021 el PIB del país registró un retroceso del orden de menos 2.8 por ciento en su variación anual, lo que representa seis trimestres consecutivos de caídas anuales, un comportamiento no registrado desde 1982, periodo denominado en México como “la década perdida”.
Por ello, alcanzar una recuperación económica implica, además de controlar la pandemia por COVID-19, impulsar la inversión empresarial del país que se encuentra detenida, en gran medida, por la inconsistencia del Gobierno federal.
“El inversionista tiene mensajes encontrados en torno a si se va a respetar la ley en México, si no se van a cambiar reglamentos, normas, si los mercados van a estar constantemente abiertos o si vamos a tener condiciones diferentes de un periodo a otro. Todas estas regulaciones que se ponen en el sector eléctrico, por dar un ejemplo, están inhibiendo la inversión en el sector eléctrico en general”, señala Salazar Lomelín.
Por ello el especial enfoque en el paquete de inversiones en infraestructura en el que participa la IP y el Gobierno federal, que será presentado en julio.
En el caso del cabildeo que pretenden llevar a cabo en torno a la Reforma Fiscal, el líder del CCE apunta que se enfocará sobre todo en temas de simplificación fiscal y el aumento a la formalidad en los pagos de impuestos, pero también deja ver que no está de acuerdo con que las empresas sean los objetivos constantes de Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Los impuestos se pagan de acuerdo a las utilidades que tiene una compañía, entonces ese tipo de comparaciones en donde se dice que una compañía pagó una determinada cantidad de impuestos y la relacionan con sus ventas, lo único que hacen es crearle confusión a la opinión pública, por eso nosotros reaccionamos e invitamos a que esto lo vea conforme a la Ley que dice que hay que pagar impuestos conforme a las utilidades de las empresas”, apunta.
Respecto a la reconfiguración del mapa político del país luego de las elecciones intermedias de 2021, Salazar Lomelín destaca que fue un magnífico resultado que comprueba la vocación democrática del país.
“(Con el gobierno tenemos) una relación madura, responsable en donde cada quién tenemos nuestros puntos de vista sobre lo que le pasa al país, el gobierno sabe que cuenta con los empresarios que siempre estamos proponiendo ideas y propuestas de políticas públicas que beneficien a nuestro país”.