“Los delitos económicos restan competitividad a las empresas”
Los tentáculos del crimen organizado se extienden con rapidez. El ambiente de violencia que impera en el país desde hace años le ha generado pérdidas millonarias a las empresas mexicanas y, temerosas de sufrir represalias, deciden abandonar los territorios en donde alguna vez operaron.
A finales de marzo pasado, Cola-Cola Femsa anunció el cierre de su planta en Ciudad Altamirano, ubicada en el violento estado sureño de Guerrero, a causa del “hostigamiento de grupos delincuenciales”.
Desde enero de 2018 la mayor embotelladora de Coca-Cola denunció que había sufrido constantes amenazas y agresiones por parte del crimen organizado, así como afectaciones a las instalaciones de la empresa en la región.
La organización, que tomó la medida para salvaguardar la integridad de más de 160 trabajadores, lamentó que la ausencia de un estado de derecho y la prevalencia de la impunidad la obligaran a detener sus labores en un territorio en el que tuvo presencia por más de cuatro décadas.
Cola-Cola Femsa es sólo la punta del iceberg de lo que sucede en México. “El crimen organizado sin duda afecta a las empresas. Ese fue un caso público, pero, debe de haber miles de compañías que dejan de operar precisamente porque los grupos delincuenciales no las dejan. Es un tema muy complicado que tiene un impacto importante en empresas de cualquier tamaño”, dice Alberto Jaquez, socio de Servicios Forenses en PricewaterhouseCoopers México (PwC México).
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El crimen organizado se ubica en la segunda posición de los principales actores externos que afectan a las empresas mexicanas, de acuerdo con la Encuesta de Delitos Económicos en México 2018, elaborada por PwC México.
De los actos que se cometen en contra de las empresas mexicanas, el crimen organizado es responsable de un 23 por ciento de los ataques. Los hackers se ubican en el primer lugar de la medición de la consultora, con un 27 por ciento.
Presas del delito
En México los delitos económicos y financieros siguen al alza. El 58 por ciento de las compañías mexicanas reconoce haber sido víctima de alguno en los últimos dos años. En 2016, la cifra fue de 37 por ciento.
Desde el último reporte, en 2016, hasta la fecha de esta edición 2018, PwC ha identificado una creciente incidencia, así como una mayor sofisticación de este tipo de delitos.
Jaquez detalla que este aumento puede ser consecuencia de tres factores:
- En México están ocurriendo más delitos, lo que lleva a reflexionar que las empresas deben prepararse mejor y deben incrementar su inversión para protegerse.
- Las compañías están siendo más honestas consigo mismas y están reconociendo que habían sido víctima de delitos.
- Había organismos empresariales que no sabían que eran víctimas de delitos económicos.
El estudio de PwC revela que la apropiación indebida de activos es el delito económico más común entre las empresas mexicanas, con 74 por ciento, le siguen soborno y corrupción, con 30 por ciento; el fraude cometido por el consumidor, con 23 por ciento y los delitos cibernéticos, con 22 por ciento.
Al respecto, Alberto Jaquez explica que cuando las organizaciones se ven obligadas a pagar por derecho de piso al crimen organizado están cayendo en un acto de corrupción, sin embargo, precisa que, en muchas ocasiones no tienen otra alternativa.
“Si no ceden se exponen a que los secuestren o a alguno de sus familiares. Entonces, se enfrentan ante la encrucijada de aceptar o no”, agrega el socio.
En el otro lado de la moneda están las empresas que cometen actos ilícitos para seguir operando. “¿Cuántas empresas sobreviven en México por casos de corrupción?”, cuestiona el especialista y añade que “existen empresas que tienen contratos con el gobierno y si no dan un ‘moche’ los dejan fuera de la legislación y con eso ya no pueden hacer negocios. Hay muchas empresas que si no caen en actos de corrupción no pueden sobrevivir”.
Este comportamiento es más común en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Datos disponibles hasta 2016 muestran que 15 por ciento de estos organismos empresariales reconocen que la corrupción les ha beneficiado, según el estudio ‘El efecto de la corrupción en emprendedores y mipymes’, de la Secretaría de Economía (SE) y el instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).
En 2017, la corrupción le costó a México 7 mil 218 millones de pesos, es decir que cada mexicano tuvo que pagar por este mal 2 mil 273 pesos, muestran cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Por otra parte, las pérdidas económicas derivadas de los delitos económicos y financieros son altas. PwC solicitó a los encuestados que cuantificaran el monto perdido por su organizaciones debido a esta clase de vulnerabilidades en los últimos dos años. Un 18 por ciento estima que la cantidad podría ser entre 100 mil y un millón de dólares.
Asimismo, un 22 por ciento pronostica que el detrimento podría ser mayor a un millón de dólares y en algunos casos la cifra se dispara hasta los 100 millones de dólares.
Alberto Jaquez explica que es complicado saber el monto promedio de lo que pierden las empresas mexicanas, debido a que cada caso se mide de manera individual.
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Aunque el 32 por ciento de los ataques a las empresas los realizan actores externos (como el crimen organizado o hackers), un 63 por ciento de los delitos son cometidos desde adentro de las organizaciones.
Por ello, el socio de Servicios Forenses de PwC destaca la necesidad de que las compañías mexicanas inviertan no sólo en tecnología, también en las personas, esto ayudará a disuadirlas a que se conviertan en perpetradores internos.
Poco más de la mitad de las organizaciones mexicanas declara haber perdido hasta un millón de dólares
“El hecho de que tus empleados sepan que haces negocios de forma ética y que no caes en actos de corrupción les ayudará a asimilar para quién trabajan. Las palabras son inversión y confianza.”
Capítulo Anticorrupción meterá en cintura a empresas
Durante la sexta ronda del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que tuvo lugar del 23 al 29 de enero de 2018 en Montreal, Canadá, los equipos negociadores de los países concluyeron el capítulo de Anticorrupción.
Con el apartado se tipifican los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito, y se obliga a los tres gobiernos a establecer medidas eficaces para su prevención y sanción.
El socio de PwC califica como positiva la medida, ya que hará a México más competitivo. “Es muy positivo, pues, Estados Unidos y Canadá nos llevan años de ventaja en esta materia. Emparejar a las empresas mexicanas es favorable y también nos beneficia como país”.
