A todas luces, el experimento económico que Hugo Chávez bautizó como el “socialismo del siglo XXI” ha sido un desastre total. Venezuela atraviesa por una crisis humanitaria marcada por la escasez de bienes y servicios básicos; así como por una hiperinflación que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), será de 2300 por ciento en el 2018.
El producto interno bruto se ha contraído 35 por ciento desde el 2014, las importaciones han caído 80 por ciento en los últimos cinco años y la pérdida de peso por la falta de alimentos se ha vuelto un fenómeno generalizado entre la población del que fuera el país más rico de América Latina.
Ricardo Hausmann, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y exministro de Planeación de Venezuela, considera que la crisis venezolana representa “el mayor colapso económico ocurrido en un contexto de paz”.
Paradójicamente, el gobierno de Venezuela ha privilegiado el cumplimiento de todos sus compromisos financieros internacionales por encima del pago de importaciones de bienes básicos como alimentos y medicinas. Siguiendo la misma política que su predecesor, la administración de Nicolás Maduro ha pagado religiosamente los bonos de deuda emitidos en moneda extranjera. Hausmann los llama “los bonos del hambre”.
La debacle es una amenaza
Los mercados consideran que la probabilidad implícita de que Venezuela caiga en una suspensión de pagos en los próximos 12 meses es de 75 por ciento. La probabilidad de default para los siguientes cinco años, calculada a partir de las valuaciones de los Credit Default Swaps (CDS, por sus siglas en inglés) de la deuda soberana, es de 99 por ciento.
La debacle prácticamente es una certeza y la desesperación es evidente. El instrumento de deuda venezolana más próximo al vencimiento, que expira al final de esta semana, está valuado en 90 centavos de dólar. Es decir, un inversionista puede obtener un rendimiento de 10 por ciento en cuestión de días si el gobierno de Nicolás Maduro cumple con el pago.
Esta valuación se explica en función del complicado calendario de pagos que enfrenta Venezuela, que por primera vez en 15 años registra reservas internacionales menores a los 10 mil millones de dólares. En los próximos dos meses, el gobierno deberá cumplir con el pago de 3.7 mil millones de dólares.
La primera prueba llega este viernes, cuando vence un pago de 985 millones de dólares.
La segunda prueba está calendarizada para el jueves siguiente, cuando se tenga que cumplir la liquidación de 1.2 mil millones de dólares. Además, el gobierno ya se encuentra en un periodo de gracia de un mes para cumplir con el pago de 587 millones de dólares de intereses.
Las perspectivas son sombrías. Un reporte reciente del FMI, que de acuerdo al diario Financial Times está evaluando la posibilidad de implementar un rescate financiero de 32 mil millones de dólares anuales, sentencia: “La profunda crisis económica, humanitaria y política no tiene un final a la vista”.
La deuda externa total de Venezuela asciende a 140 mil millones de dólares. No es difícil ver por qué. Dadas sus condiciones macroeconómicas, el gobierno está obligado a ofrecer una tasa de interés promedio de 35 por ciento en las emisiones de deuda soberana, de acuerdo a cifras de JP Morgan.
La tasa se ha triplicado desde el 2012, año en el que el precio del barril de la mezcla venezolana de petróleo se encontraba en alrededor de 100 dólares, el doble del precio actual.
Es aquí donde reside el corazón de la crisis venezolana: el país obtiene el 96 por ciento de sus divisas de la exportación de crudo.