Muchos estados gastan sin rendir cuentas. A nivel nacional, 21 de las 32 entidades federativas registraron anomalías relacionadas con la falta de documentación y comprobatoria de su gasto por 6 mil 432 millones de pesos (mdp) durante el año pasado, de acuerdo el Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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Puebla, el Estado de México, Michoacán y Coahuila constituyeron las dos terceras partes del importe analizado, ya que no presentaron los documentos necesarios, hubo retraso en la entrega de la información y falta de coordinación entre los responsables del envío de la información y los órdenes de gobierno.
Existen varias razones que influyeron en la comprobación del gasto, una de ellas se relaciona con el cambio de gobierno que ocurrió en algunos estados y municipios al cierre del año pasado. Esto provocó que en muchos casos la entrega de la información no ocurriera de manera ordenada por la transición política generando el retraso de la misma.
Otro de los factores es la falta de administración al interior de las oficinas estatales, ya que cuando llega un nuevo gobierno siempre se tiene que empezar desde cero y para atravesar la curva de aprendizaje son necesarios varios meses.
Víctor Campos, economista de la UNAM, comenta que a estos motivos se suma uno más: la falta de personal calificado para realizar esta labor.
“Con la llegada de la Cuarta Transformación hubo un recorte masivo en las dependencias, incluidas las secretarías de Finanzas. En este momento muchos gobiernos estatales y municipales no tienen la capacidad para atender los requerimientos de una auditoría, por eso el hecho de que no haya una entrega clara de la información provoca que la ASF esté muy al pendiente”, detalla el experto.
Puebla presentó la mayor cantidad del gasto sin comprobar con 2 mil 326 mdp, equivalentes al 36.2 por ciento del total observado, por su parte Michoacán registró 783.5 mdp, o 12.2 por ciento.
Mientras que el Estado de México obtuvo un importe de 698.2 mdp con una participación de 10.9 por ciento, y Coahuila mostró una cifra de 653.4 mdp, equiparable a 10.2 por ciento de la irregularidad.
Durante la revisión ejecutada por la ASF también se encontró que en 14 entidades federativas el monto sin comprobar supera más del 50 por ciento de los recursos que se les asignaron.
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Aunque por ahora las autoridades del organismo dependiente de la Cámara de Diputados no pueden asegurar que esos recursos sin rastro se desviaron, Campos deja abierta la posibilidad de que haya ocurrido, sin embargo, los gobiernos locales están obligados a transparentar sus cuentas y más adelante se deberá conocer el paradero de esos recursos.
Obstáculos para la transparencia y la ASF
La ASF obtuvo los resultados al analizar las cuentas del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que busca preservar el equilibrio de las finanzas públicas de las entidades federativas y municipios.
El fondo, que se creó en 2016, es parte del Ramo General 23 y surgió con el mismo propósito del Programa de Contingencias Económicas en 2014, al cual sustituyó: promover el desarrollo regional por medio del apoyo de proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento.
Durante 2016 se ejercieron 62 mil 258 mdp, equivalentes al 53 por ciento de los recursos del Ramo 23, dos años después, en 2018, se ejecutaron 50 mil 172 mdp, es decir 48.8 por ciento.
+50 mil
Por tipo de anomalías, la falta de documentación justificativa y comprobatoria fue la primera causa de la observación de la Auditoría Superior de la Federación, con 6 mil 432 mdp (86.6 por ciento del total), le siguió la omisión o reintegro extemporáneo de recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), por un monto de 786.6 mdp, equiparable al 10.6 por ciento del total observado.
En tercer lugar se ubicó la obra pagada no ejecutada o de mala calidad que representó el 1.2 por ciento del total de irregularidades, con un valor de 92.4 mdp, y el 1.6 restante se centró en otros conceptos de irregularidad que sumaron 120 mdp.
Carlos Brown, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, coincide en que en algunos casos influyó el cambio de gobierno y por eso no se tiene la información completa, pero esto tampoco es un argumento válido, debido a que hay millones de pesos que hasta la fecha no se han podido comprobar ocasionando un deterioro al gasto federalizado
“No es justificable que los gobiernos locales no puedan rendir cuentas como lo establece la ley. Para estos casos debería existir una institucionalización en los procesos similar a lo que tiene a nivel nacional porque muy pocos congresos estatales y municipales comparten información adecuada y completa de sus finanzas. Todos ellos no representan al contrapeso que deberían ser”.
Clave para la transparencia
El Fortafin es el fondo más importante del Ramo 23 en su componente federalizado ejercido, ya que les transfiere recursos a los estados y municipios para que puedan solventar sus gastos de operación e inversión.
Dentro de la lista de pendientes por atender, la ASF detectó que no existe un planteamiento real sobre la necesidad de revisar a fondo el programa y tampoco se cuenta con información detallada sobre la población atendida.
Otros factores son la ausencia de metas que permitan medir el impacto y los convenios para el otorgamiento de los recursos que no cuentan con un calendario, situación que complica el ejercicio de los recursos.
En este sentido, Víctor Campos manifiesta que la responsabilidad no recae por completo en los gobiernos estatales, ya que si los municipios tienen problemas para cumplir con la entrega de su documentación, esto genera un efecto en cadena que más adelante alcanza a las administraciones estatales.
Por ello el economista de la UNAM sugiere que una buena forma de optimizar tiempo y recursos sería la implementación de auditorías digitales, con el objetivo de que la ASF pueda supervisar en tiempo real la información.
Esta medida lleva años queriéndose implementar sin mucho éxito, pero con una auditoría digital los procesos serían mucho más fáciles y no habría retraso en la entrega de documentos físicos. Sin embargo, es fundamental que los gobiernos estatales y municipales lleven una mejor administración de sus recursos
Arma de doble filo
La revisión de la ASF al destino de las asignaciones del Fortafin muestra que al 31 de marzo de 2019 los recursos pagados ascienden a 49 mil 759 mdp, de los cuales 45.2 por ciento se aplicaron a los conceptos de servicios personales, 34.4 por ciento del total se envió a la inversión pública, en tanto que 6.3 por ciento a servicios generales, y 5.6 por ciento a asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Destaca que la Auditoría Superior no pudo identificar a qué tipo de objetivo se destinó el 3.2 por ciento de los recursos pagados.
Carlos Brown asegura que la digitalización es un paso fundamental porque muchas de las auditorías locales aún trabajan con papel y herramientas tradicionales.
No obstante, el coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar opina que, aun cuando existe un retraso tecnológico considerable en el país y la digitalización puede jugar a favor del control de los gobiernos locales, la medida es insuficiente si no se establecen reglas claras de transparencia.
“Es fundamental para el trabajo y el avance de una auditoría que la digitalización sea aparte y también la coordinación con el SAT. La participación ciudadana resulta fundamental no solo para que esta medida funcione, sino para que las personas puedan apropiarse y exijan una rendición de cuentas adecuada”.
La implementación de auditorías digitales permitiría agilizar los tiempos de entrega de la documentación y ayudaría a dar una mayor organización a nivel local, aunque la participación ciudadana es importante para que la medida funcione
