Ambas empresas atravesaron por diversas transformaciones. Desde su conformación, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se les dio una tarea en común: rescatar la soberanía energética del país.
En agosto de 1937, a la CFE se le encomendó organizar y dirigir el sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Un año después, tras la expropiación petrolera, nació Pemex con la labor de realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización de los hidrocarburos en el país.
A partir de la entrada en vigor de la Reforma Energética, en 2014 ambas entidades se transformaron de paraestatales a Empresas Productivas del Estado (EPEs) de propiedad exclusiva del Gobierno federal.
Esto significó que los dos gigantes de energía obtuvieron personalidad jurídica y patrimonio propios, además de autonomía técnica, operativa y de gestión.
Hoy, el dilema sobre si dejaron de ser paraestatales para dar el paso hacia la figura de EPEs pone sobre la mesa diferentes puntos de vista, aunque la realidad es que todo depende de la perspectiva desde donde se mire.
Santiago Arroyo Seguedo, director general de Ursus Energy, explica que en el papel Pemex y CFE tienen su propio marco legal y están consideradas dentro de la Constitución, aunque el problema es el trato preferencial del actual gobierno.
“Las EPEs vistas desde la ley son propiedad del Estado y deben ser manejadas como tal, sin embargo, el tratamiento que actualmente se les da pareciera que fueran programas del gobierno”, comenta.
Un punto relevante es que estas empresas también son reguladas por la Comisión Reguladora de energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), porque su legislación forma parte de la admnistración pública.
Hasta hace unos años, la industria petrolera era relevante para las finanzas públicas de México, no obstante, diversos factores influyeron en la inyección de recursos, entre los que destacan la caída de los precios internacionales del crudo, la extracción ilegal de combustible (huachicoleo) y la continuación de proyectos no rentables.
Bernardo Cortés, socio de la firma Dentons Lopez Velarde, toma como referencia una tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación para respaldar su argumento sobre que Pemex y CFE son una nueva categoría de entidades paraestatales con un régimen jurídico especial y diferenciado.
“Las dos son paraestatales como lo determina la Suprema Corte y dentro de ese género hay un ramo de las EPEs, que si bien no está reconocido dentro de la ley de la administración pública federal así es como los tribunales decidieron que tienen ese carácter porque están controladas por el Estado”, precisa.
Beneficio solo para Pemex y CFE
Los dos abogados especializados en el sector energético coinciden en que con la madre de todas las reformas se creó una entidad paraestatal que no se regula bajo la ley que lleva ese nombre, sino que se diseñó una subespecie con el objetivo de darle mayor valor agregado a las actividades que realizan la petrolera y la comisión por la trascendencia que tienen en el país.
Es decir que se buscó darles una mayor flexibilidad para que generaran riqueza y tuvieran un valor agregado para el Gobierno federal.
Santiago Arroyo Seguedo comparte que Pemex y la brasileña Petrobras tienen una historia muy parecida, ya que atravesaron por una transformación hacia la figura de las EPEs, solo que cuando estuvieron bajo gobiernos con un sesgo populista se encaminaron más a ser organismos de asistencia social.
“Si México se apegara a lo que establece la propia Ley de Pemex y CFE la situación podría cambiar como ocurrió en Brasil que, con la actual administración, Petrobras ganó liquidez con todos sus proyectos de restructuración corporativa. En nuestro país ese camino quedó truncado porque el manejo dista mucho de lo que se establece en el marco legal”, agrega el director general de Ursus Energy.
A pesar de que CFE es considerada como una de las mayores empresas eléctricas en el mundo y Pemex es de las más grandes en América Latina al mirar hacia sus resultados financieros pierden brillo.
Tan solo en el primer trimestre de este año, la comisión dirigida por Manuel Bartlett reportó una pérdida neta de 121 mil 799 millones de pesos, mientras que la petrolera encabezada por Octavio Romero tuvo un quebranto por el orden de los 562 mil 531 millones de pesos. En conjunto, las dos EPEs tuvieron una fuga de 684 mil 330 millones de pesos durante los tres primeros meses del 2020.
Para el socio de Dentons Lopez Velarde, Bernardo Cortés, las modificaciones que se realizaron en materia institucional para las empresas productivas en México son claras y buenas, pero la ejecución no se alinea con esa visión.