Después que el caso de las multas impuestas a los bancos HSBC y Standard Chartered por parte de autoridades de Estados Unidos sacudió a los mercados financieros el año pasado, nueva información sale a la luz respecto a la decisión de multarlos en lugar de procesarlos criminalmente.
La decisión fue criticada internacionalmente por promover la idea que ciertos actores del sistema financiero son demasiado grandes e interconectados como para permitirles fracasar, colocándolos incluso por encima de la ley.
The New York Times reporta que documentos obtenidos por Public Citizen, una ONG de protección al consumidor, muestran cómo distintas autoridades estadounidenses coordinaron sus acciones para multar a los bancos en lugar de procesarlos criminalmente, ya que un proceso judicial hubiera tenido un impacto negativo en la economía global.
Aunque algunos críticos apuntan que los documentos internos del Departamento del Tesoro citan las “violaciones flagrantes” de las leyes anti-lavado de dinero por parte de HSBC y las califican de “cualitativamente peores” que las de otros bancos, ni el banco ni sus ejecutivos se enfrentaron a un juicio.
Como parte de las investigaciones del Departamento de Justicia, el año pasado Standard Chartered pagó 327 millones de dólares (además de una multa anterior de 340 millones de dólares), mientras que HSBC tuvo que ceder mil 921 mil millones de dólares.
Además, ambos bancos aceptaron por escrito haber facilitado operaciones financieras ilegales provenientes de Irán, Sudán, Myanmar y Libia; y HSBC además reconoció haber hecho lo mismo con Cuba y con narcotraficantes mexicanos y colombianos.
Los documentos presentados por Public Citizen muestran la dificultad de coordinación entre las diferentes autoridades para decidir si un proceso judicial sería demasiado dañino. Correspondencia interna del Departamento del Tesoro indica que sus oficiales estaban preocupados porque los procuradores en el caso contra Standard Chartered no los estaban consultando lo suficiente.
Por otro lado, el Departamento de Justicia ha estado bajo escrutinio por no enjuiciar a HSBC. Los oficiales explicaron que siguieron reglas que requieren que los procuradores consideren las “consecuencias colaterales”, como pérdidas de empleos, de enjuiciar a algunos negocios. En el caso de los grandes bancos, estas consecuencias pueden llegar a amenazar la salud de la economía.
Documentos reveladores
Public Citizen obtuvo archivos del Departamento del Tesoro que muestran su participación en los casos de lavado de dinero
