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El fin de la 
informalidad

Uno de los problemas que aqueja al país es el alto, y persistente,  grado del mercado laboral informal.

El último dato del INEGI muestra que al final del 2010, el 27.16 por ciento del empleo pertenece al sector informal.

En una investigación realizada por Arturo Antón, Fausto Hernandez (ambos investigadores del CIDE) y Santiago Levy actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo (también uno de los diseñadores del programa Progresa-Oportunidades) proponen un cambio estructural en las instituciones de seguro social para reducir este problema de informalidad.

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Por ciento del PIB se va al subsidio del seguro social de no contribución
Algunos analistas sugieren eliminar los esquemas de cobertura médica, como el seguro de contribución y el Seguro Popular, y suplirlos por un Seguro Social Universal financiado con un aumento del impuesto al consumo (IVA)

Uno de los problemas que aqueja al país es el alto, y persistente,  grado del mercado laboral informal.

El último dato del INEGI muestra que al final del 2010, el 27.16 por ciento del empleo pertenece al sector informal.

En una investigación realizada por Arturo Antón, Fausto Hernandez (ambos investigadores del CIDE) y Santiago Levy actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo (también uno de los diseñadores del programa Progresa-Oportunidades) proponen un cambio estructural en las instituciones de seguro social para reducir este problema de informalidad.

Actualmente existen dos tipos de cobertura social: de contribución (IMSS e ISSSTE) y de no contribución (Seguro Popular). La razón de esta existencia es fácil de entender y aquí comienza el análisis “filosófico”de la investigación citada.

El primer programa de cobertura social fue creado a final del siglo 19 en Alemania, diseñado para sustentarse por contribuciones salariales de los trabajadores. De esa manera, en México se implementó por primera vez en 1943 por el presidente Manuel Ávila Camacho con un diseño similar.

¿Cuál es el problema?

Evidentemente el sistema no ha cumplido su cometido, la cobertura del seguro social de contribución no ha logrado impactar en la mayoría de los empleados. Esto se debe en parte a la gran cantidad de trabajadores que se encuentran en el mercado informal y no pueden pertenecer al IMSS o ISSSTE.

Esto ha generado un incentivo perverso para las empresas, ya que el financiamiento del seguro de cobertura representa un impuesto al salario.

De esta manera si las empresas no contratan formalmente a los trabajadores o les pagan por vías no salariales, no tendrían que pagar el seguro.

Con la creación del Seguro Popular, financiado por el Gobierno Federal, el incentivo se agudiza, ya que los empleadores no tienen que pagar el “impuesto” sobre el salario para pagar el seguro, y aun así los trabajadores cuentan con atención médica, por lo que las empresas no se preocupan por empleados enfermos sin posibilidad de recuperar la salud.

¿Qué se propone?

En lugar de tener solamente el seguro de contribución, el Seguro Popular, o de tener ambos, proponen un Seguro Universal que no sea financiado por el salario de los contribuyentes, sino con un aumento del impuesto al consumo (IVA).

Ante esto, argumentan que no habría efecto de reducción del ingreso real. Es decir, la gente no perdería ingreso con el encarecimiento de los productos finales, ya que recibirían más salario al tener que dejar de pagar el “impuesto” para financiar la cobertura social.

Además, habría transferencia de ingreso a programas sociales como Oportunidades para compensar un posible efecto negativo en los deciles de población con menores ingresos.

Con una simulación estadística que llevan a cabo, estiman los efectos netos sobre los beneficios por deciles.

En el primer y segundo decil (los más pobres) habría un beneficio de 66.4 mil millones de pesos; en el tercero y cuarto, de 18.56; en el quinto y sexto, de 2.3; en el séptimo y octavo, una pérdida de 21.36 mil millones de pesos, y en el noveno y décimo, de 120.8.

En este sentido el programa tiene la capacidad de redistribuir ingresos de la población más rica a la más pobre, contrario con lo que pasa con el subsidio agrícola o las pensiones del IMSS (según estudios académicos).

Con este panorama, las empresas no tendrán incentivos de tener empleados sin contratos formales, y los trabajadores no tendrán el incentivo de no acceder al empleo formal.

Adicionalmente los trabajadores tendrán que estar inscritos en la Secretaría de Hacienda, ya sea por las empresas, o por iniciativa propia en caso de que no pertenezcan a una. Esto servirá para revisar las pensiones. El problema que mencionan es que las ideas suelen crear paradigmas tan fuertes que la gente piensa que son leyes naturales.

Esto explica el hecho de que los políticos crean que la idea de seguro social por contribución es la mejor y los arreglos deben hacerse alrededor de este diseño.

El Seguro Popular ha probado tener beneficios sobre la educación, lo que explica que promover la cobertura a la gente con menos ingresos es bueno.

Lo que es perjudicial es tener dos tipos de programas, el Seguro Universal podría arreglar esta situación.

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