Aunque suene sorprendente, la estrategia con la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ, por sus siglas en inglés) ha iniciado una serie de procesos legales en contra de ciertos bancos, que considera actuaron de manera fraudulenta en el mercado hipotecario, no viene de la mente de Eric Holder, el procurador general, ni de algún fiscal estrella en su equipo.
El verdadero autor intelectual de esta estrategia es Leon W. Weidman, un fiscal californiano con una carrera de 43 años en el sector público.
Weidman encontró una vieja ley, la Ley de Reforma, Recuperación y Ejecución de Instituciones Financieras (FIRREA, por sus siglas en inglés), que ha sido utilizada por el DoJ en casos recientes como el de JPMorgan Chase, Wells Fargo, BNY Mellon y Bank of America, entre otros.
FIRREA incluso ha sido utilizada por el DoJ en demandas en contra de instituciones de otro tipo, como la calificadora crediticia Standard & Poor’s, que argumenta que la demanda lanzada en su contra es una venganza gubernamental por su reducción en la calificación crediticia de Estados Unidos en el 2011.
Herramienta efectiva
FIRREA fue aprobada en 1989, después de que una serie de prácticas prestamistas arriesgaron al sector financiero estadounidense.
La ley requiere de un crimen, como fraude por correo o por telecomunicaciones, para poder implementar sus castigos.
Pero como se trata de una disposición de carácter civil, requiere una menor carga de prueba que un cargo criminal. De esta forma, la culpa se determina por preponderancia de evidencia y no por estar más allá de la duda razonable.
La amplitud de autoridad de esta lectura de la ley ha preocupado a algunos abogados, que consideran que el DoJ está interpretando la ley de una forma mucho más amplia que su intención original.
Sin embargo, por lo menos cuatro de los jueces que supervisan las demandas en cuestión han dado el visto bueno a las tácticas del DoJ.
Por su parte, Weidman ha calificado a FIRREA como “una herramienta extremadamente efectiva” en la búsqueda de castigar a aquellas instituciones financieras que, las autoridades argumentan, cargan con responsabilidad de crear las condiciones que llevaron a la crisis financiera del 2008.
Weidman además ha indicado que no dejará el DoJ para irse a un lucrativo puesto en el sector privado.
