Elektra argumentó que la burbuja que ellos mismos habían creado por falta de oferta de sus acciones era una pérdida que la bolsa debía compensarle.
La Bolsa Mexicana de Valores inicia operaciones hoy con una nueva metodología para calcular sus índices de precios, entre ellos el más conocido: el IPC, o Índice de Precios y Cotizaciones.
El IPC es un indicador en el que se ponderan los precios de acciones de las 35 empresas más representativas del mercado. Por lo tanto, el alza o la baja que se suele reportar en los medios es simplemente un promedio de estas 35 empresas.
Para los inversionistas, éste es un concepto útil porque se han creado instrumentos de inversión que replican el comportamiento de este índice, de tal forma que cualquier inversionista puede comprar un título de estos instrumentos y equivale a haber creado un portafolio diversificado en estas 35 empresas.
Estos instrumentos han sido tan exitosos que se han convertido en el principal instrumento de inversión de la Bolsa Mexicana De Valores.
Por esta razón, el peso que se le da a cada empresa dentro del indicador es de suma importancia, y algunas veces hasta de juicios y prolongados debates técnicos.
Esta vez no fue la excepción, como se anunció en abril pasado, las empresas que son parte del indicador tendrán diferentes pesos a los de hace una semana.
Con el anuncio, y las nuevas reglas de cálculo en la metodología, la empresa Elektra sufrió bajas importantes en su cotización y terminó por demandar a la Bolsa Mexicana de Valores, que es también una empresa privada.
¿En abonos chiquitos?
Una de las empresas más importantes dentro del índice, aunque no la más operada, es la de la empresa de bienes y servicios Elektra.
En el último año, esta acción era la nueva estrella de la bolsa mexicana. El rendimiento superó por mucho al del índice en general y gracias a otros cambios en metodología, su participación en el índice continuaba en ascenso.
Sin embargo, con el anuncio del cambio que entra en vigor hoy, la acción fue castigada fuertemente.
Tras solo en dos días, la empresa había perdido 7 mil millones de dólares en valor.
Esto porque la demanda superaba por mucho a la oferta de acciones disponibles para vender a los inversionistas.
Más del 70 por ciento de las acciones están en manos de la familia de Ricardo Salinas Pliego y una importante porción del resto fue comprometida en una transacción de instrumentos financieros llamadas “swaps”, lo que dejaba poco para los que querían acciones con el fin de imitar al IPC.
Cuando se anuncia el cambio de metodología, quienes comprarían acciones de la empresa temieron que la participación de ésta en el IPC sería tan baja que inclusive podría salir.
Es decir, si uno quisiera imitar al indicador, ya no necesitaría a la acción de Elektra.
Lo que siguió fue una venta masiva y un demanda por parte del Grupo Salinas.
Desde el punto de vista de la empresa, regresar a la cotización previa a la burbuja que ellos mismos habían creado por falta de oferta, representa una pérdida que debería compensar la bolsa.
Usando una ley sobre derechos humanos, cosa que parece un tanto inverosímil dado que Elektra es una empresa moral, una juez le dio la razón al Grupo Salinas.
En términos prácticos, esto significa que mientras las restantes 34 empresas dentro del índice tendrán que jugar bajo las nuevas reglas impuestas por la bolsa, la ponderación de Elektra tendrá que ser calculada de la misma manera que se venía haciendo.
Las repercusiones
La Bolsa Mexicana de Valores está preparando una apelación en cortes de mayor jerarquía, pero por lo pronto los competidores de Salinas se verán perjudicados al tener un contrincante con reglas más onerosas.
Y aunque parece solo un problema entre la bolsa y una empresa cuyo dueño tiene ya historia de no jugar bajo las reglas, México también pierde con la disputa.
Nuestro país es generalmente visto como un país con leyes y cortes simpatizantes a empresas, lo que es alentador para los inversionistas extranjeros, y al final del día nos ayuda a todos.
Sin embargo, casos como éstos pone en entredicho la imparcialidad de los jueces.
El diario inglés The Economist da a entender que ésto no se trata de solo una empresa, sino de todo el sistema judicial y que el uso de una ley tan poco convencional significa que hay discrecionalidad en la aplicación de la justicia.
Si bien estas prácticas no son nuevas, sí es preocupante lo que provoca, por ejemplo, que el índice de libertad económica publicado por la fundación Heritage de Estados Unidos advierta que en México “las cortes son ineficientes y vulnerables a interferencias políticas”.
Es decir, si Elektra puede escoger qué leyes le aplican y cuáles no, como una sobre derechos humanos, solo porque funciona a su favor, ¿por qué habríamos de pensar que otras empresas no pueden hacer algo parecido para mantener sus monopolios o impedir la libre competencia?
