Frente a la emergencia económica que supone la reforma fiscal de Estados Unidos, la Coparmex, que dirige Gustavo de Hoyos, le está pidiendo directamente al presidente Peña Nieto que utilice un decreto ejecutivo para implementar estímulos fiscales que entren en vigor a partir del 1 de enero de 2018. Se plantean un conjunto de deducciones orientadas a cumplir el reclamo general de la iniciativa privada, que es la igualación de la tasa efectiva del impuesto corporativo que se paga en México y en Estados Unidos. Coparmex propone un recorte escalonado del ISR que eventualmente llegue a una tasa de 24.66 por ciento, el nivel promedio de los países de la OCDE.
Sin embargo, la política fiscal mexicana se encuentra en medio de un agresivo programa de austeridad abocado a registrar un superávit fiscal primario de manera consistente. La fragilidad de las finanzas públicas y la necesidad declarada de reducir la deuda pública como porcentaje del PIB ofrecen poco espacio fiscal para realizar las modificaciones de fondo que piden los empresarios.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, un organismo alineado a los intereses empresariales y uno de los principales defensores públicos del enfoque de estabilidad macroeconómica como prioridad de política pública, sugiere que la reducción del ISR empresarial puede ser compensada con la generalización del IVA a alimentos y medicinas.
La propuesta, huelga decir, es de corte regresivo y cargaría el costo de la pérdida de competitividad fiscal a los sectores socioeconómicos más vulnerables del país. México no sólo es el país que cuenta con la menor recaudación fiscal al interior de la OCDE (17.2 por ciento), sino que también es el segundo país al interior del grupo con el mayor nivel de desigualdad medido por el coeficiente de Gini.
Exportando desigualdad
Bajo la lógica de la iniciativa privada mexicana, una reforma fiscal de corte regresivo en Estados Unidos merece una respuesta de corte regresivo en México.
Robert Reich, secretario del Trabajo durante la administración de Bill Clinton y uno de los críticos más visibles del crecimiento de la desigualdad en las últimas tres décadas, sintetizó la reforma fiscal en un tweet:
“Nunca antes en la historia de Estados Unidos se había transferido tanto dinero de los pobres y la clase media hacia los ricos”
Nouriel Roubini, profesor de la Universidad de Nueva York y presidente de Roubini Global Economics, considera que esta reforma fiscal es la prueba fehaciente de que el presidente Trump es un “plutócrata disfrazado de populista”.
Su argumento se basa en la proyección de que la reforma impositiva derivará en un déficit fiscal adicional de 1.5 billones de dólares en la siguiente década.
En consecuencia, el Partido Republicano, aparentemente fiel a los principios de conservadurismo fiscal, intentará desmantelar el Estado de Bienestar, con la finalidad de reducir esta brecha deficitaria.
En suma, independientemente de si el gobierno mexicano decide modificar su marco fiscal, Estados Unidos habrá exportado a México desigualdad o disrupción financiera.
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