“Las condiciones de seguridad no eran las necesarias para continuar operando”
La inseguridad pega por igual y no distingue entre personas y empresas. El crimen organizado ha transformado la vida de los mexicanos.
Desde el pasado 3 de mayo, las puertas del centro logístico de Grupo Lala, ubicado en Ciudad Mante, Tamulipas, permanecen cerradas. Esto no fue resultado de una mala administración o por falta de ventas, la empresa láctea más importante del país se vio obligada a tomar esta decisión a causa de la inseguridad que azota a la región noreste del país desde 2012. La firma no ha sido la única que ha implementado medidas similares.
Tan sólo durante abril de este año, se registraron 7 mil 404 robos a negocios a nivel nacional, cifra que representa un aumento de 3.2 por ciento en contraste con el mismo mes del año pasado, según cifras del proyecto social ciudadano Semáforo Delictivo.
Expertos coinciden en que desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, los índices de violencia se dispararon, situación que ha mermado la actividad empresarial del país. No obstante, de igual forma cuestionan la ausencia de propuestas por parte de los afectados.
“Ninguno de los empresarios o corporativos se ha sentado en la mesa de discusión o ha invertido en una solución que ataque el tema de la inseguridad y mucho menos ha hablado sobre la regularización de las drogas, no sólo de la marihuana, sino de otras sustancias”, dice Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo.
Una de las propuestas más polémicas para reducir la violencia es la legalización de los narcóticos
De igual forma, Arturo Argente, director del departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey campus Toluca, asegura que durante la actual administración la violencia se recrudeció, lo que agrava el problema.
“Cuando el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra a los narcóticos fue cuando todo el problema se desató, sin embargo, durante el sexenio de Peña Nieto, se volvió más sangriento en parte porque los campesinos están dejando de producir insumos básicos para apostar por el cultivo de estupefacientes”, precisa el catedrático.
“En la actual administración la violencia se recrudeció y alcanzó números alarmantes, pero esto inició hace más de diez años”
Las más afectadas
Entre las compañías que más han resentido la inseguridad en sus operaciones están Lala, Femsa, Ferromex y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD).
Entre las compañías que más han resentido la inseguridad en sus operaciones están Lala, Femsa, Ferromex y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD).
Lo anterior provocó que las ventas registradas por la Asociación crecieran 4.1 por ciento a tiendas comparables y 6.9 por ciento a unidades totales, el monto más bajo registrado desde 2014.
“El alto nivel de inflación afectó el consumo, además de que en enero de 2017 tuvo un sábado menos que el mismo mes del año anterior. Desde luego que también se enfrentaron bases de comparación altas y el impacto de los cierres de tiendas por los saqueos que tuvieron lugar”, explica Valentín Mendoza, analista de Banorte-Ixe.
Ante los disturbios, algunas firmas tuvieron que cerrar tiendas por intervalos de tiempo o varios días, lo que afectó su facturación.
Este 2018, la primera firma en verse afectada fue Femsa, la mayor embotelladora de Coca-Cola, ya que se vio obligada a detener sus operaciones en Ciudad Altamirano, Guerrero, por la falta de garantías en materia de seguridad el pasado marzo.
“La falta de condiciones necesarias para operar de manera eficiente y segura en esta zona del estado de Guerrero, así como la reciente agresión injustificada hacia uno de nuestros colaboradores, llevó a la empresa a tomar esta decisión”, explicó la firma en un documento.
Su centro de distribución tiene impacto directo en el abastecimiento de productos en la zona de Cutzamala, Coyuca, Ajuchitlán, Tlalchapa y Pungarabato, sin que al momento se pueda contabilizar el impacto económico que puede tener para la embotelladora.
Por su parte, Lala anunció el cierre temporal de su centro de distribución en Ciudad Mante,Tamaulipas desde el pasado 3 de mayo.
“Las condiciones de seguridad en la ciudad no eran las adecuadas para seguir operando. La compañía está colaborando con las autoridades para reiniciar actividades en cuanto sea posible”, informó en breve comunicado la firma dirigida por Eduardo Tricio Haro.
En tanto que Ferromex tiene registro de siete descarrilamientos ocasionados por el sabotaje de elementos del crimen organizado, acción que le ha dejado una pérdida de 312 millones de pesos.
