En el limbo político
Conforme avanza el calendario, los factores políticos añaden presión adicional a la negociación del TLCAN. En marzo inicia el proceso electoral en México y en junio expira la autoridad que el Congreso le otorgó al presidente estadounidense para negociar tratados comerciales
Rodrigo Carbajal“Puedo creer lo imposible pero no lo improbable”
Ante la incertidumbre que rodea al futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se plantea dos preguntas. La primera: ¿Qué tiene mayor peso en la decisión de la administración de Donald Trump de mantener o sacar a Estados Unidos del acuerdo, el contenido y la dinámica del proceso de las negociaciones comerciales o la coyuntura política general? La segunda: ¿Qué representa una mayor victoria para este gobierno estadounidense, permanecer en el TLCAN o anunciar el fin del tratado?
Ambos cuestionamientos ponen de relieve el efecto que ha tenido el factor político sobre el proceso de negociación, cuya volatilidad se ha vuelto patente en los vaivenes del tipo de cambio en los últimos meses.
Por eso, en el entorno del equipo de negociación mexicano se recibió con cierto beneplácito el hecho de que la administración de Donald Trump ha encontrado un cauce de éxito para la aprobación de su reforma fiscal en el Congreso. Ésta sería la primer pieza legislativa sólida de este gobierno en ser aprobada por el poder legislativo. Se trata de una victoria política que le quita presión a las perspectivas de supervivencia del TLCAN.
Sin embargo, hay voces que refieren que el costo político de no cumplir con la promesa de campaña de derogar el TLCAN es demasiado alto.
La semana pasada, Goldman Sachs publicó un reporte para clientes en el que especula que la administración de Donald Trump ordenaría retirar a Estados Unidos del TLCAN en los próximos meses
El acuerdo es poco popular entre la base electoral del presidente. Además, el terreno legal respecto a la facultad del ejecutivo para decretar la derogación del acuerdo aún es incierta. De tal suerte que el consenso de analistas argumenta que un decreto que ordene la salida de Estados Unidos del TLCAN puede ser utilizado como una herramienta política de contingencia que le ofrezca una victoria mediática a esta administración.
El reporte de Goldman Sachs
La semana pasada, el banco de inversión Goldman Sachs publicó un reporte para clientes en el que especula que la administración de Donald Trump ordenaría retirar a Estados Unidos del TLCAN. Los autores del documento explican que esto se infiere a partir de la nula convergencia entre las posiciones de negociación de Estados Unidos y sus socios norteamericanos.
Se advierte sobre una escalada en el tipo de cambio que superaría los niveles récord vistos después de la elección presidencial de noviembre del año pasado:
“Cuando consideramos una subida conmensurada del riesgo político que esto implicaría, que ya parece pesar sobre la moneda de alguna manera, entonces (un tipo de cambio de) 22 a 24 pesos (por dólar) parece todavía razonable”
Goldman Sachs sugiere que aún en un escenario en el que la narrativa política sea favorable para la administración de Trump, es altamente probable que se decrete la salida de Estados Unidos del acuerdo:
“Mientras esperamos las altas probabilidades de reforma fiscal para poner menos presión en la agenda comercial, no esperamos que el paso de ésta (reforma fiscal) levantará las probabilidades de éxito en la renegociación del TLCAN, entonces un anuncio de retirada se ve más probable incluso si la reforma fiscal es promulgada pronto”
Trump consolida su poder en el Partido Republicano
El consenso de analistas políticos y jurídicos en Estados Unidos argumenta que si Estados Unidos se retira del TLCAN comenzará un intenso e incierto debate constitucional sobre la facultad presidencial para decretar la derogación unilateral del acuerdo.
Especialistas refieren que la negociación e implementación de los tratados comerciales es facultad exclusiva del Congreso. En la administración de Barack Obama, el poder legislativo le confirió esta autoridad al poder ejecutivo de manera temporal a través de la figura de la Promoción de la Autoridad Comercial, la cual expira en junio de 2018.
Los grupos políticos que están a favor del acuerdo comercial consideran que, la Ley de Implementación del TLCAN firmada durante la administración de Bill Clinton representa el blindaje constitucional que requiere pedir el visto bueno del Congreso para ordenar la salida del tratado.
En ese sentido, se vuelve muy probable que la salida del TLCAN y la renovación de la Promoción de la Autoridad Comercial se conviertan en un nuevo episodio de confrontación política entre el Congreso y la administración de Trump.
El Partido Republicano cuenta con la mayoría en ambas cámaras del poder legislativo. De acuerdo a Gallup, la aprobación de los votantes republicanos hacia Trump se ha mantenido en 80 por ciento. El apoyo presidencial ha demostrado ser un factor decisivo para el triunfo electoral de los republicanos en sus distritos y sus estados. Por eso se espera que los legisladores del Partido Republicano serán muy receptivos respecto a las demandas de la administración de Donald Trump.
Esto genera un conflicto natural con un segmento importante del partido que respalda posiciones a favor del libre comercio y que está financiado por influyentes grupos de interés afines al TLCAN, como la Mesa Redonda de Negocios y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Asimismo, un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) encontró que los estados que más resultarían afectados por la finalización del acuerdo serían entidades que votaron por Trump en el 2016.
Trump y el representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Robert Lighthizer, se reunieron con seis senadores del Partido Republicano que han defendido públicamente al TLCAN. Aparentemente, no se llegó a ningún acuerdo.
