Tapar el sol con un dedo

La administración de Donald Trump ha asumido un rol de gobierno disruptivo. Los primeros 10 días de esta presidencia serán recordados como uno de los inicios más excepcionales de la historia contemporánea de Estados Unidos.  La narrativa económica no escapa a este fenómeno.

El mercado entendió que la llegada de Trump a la Casa Blanca implica un rompimiento con el status quo que ha imperado en el periodo posterior a la crisis global de 2008, un periodo marcado por el bajo crecimiento y por un activismo inusual de los bancos centrales como única respuesta de recuperación.

Como estampa simbólica de este cambio de narrativa económica, el índice Dow Jones superó la barrera psicológica de los 20 mil puntos la semana pasada.

Sin embargo, el viraje de expectativas únicamente ha sido impulsado por dos elementos: un discurso altamente asertivo y la firma de órdenes ejecutivas que, por definición, no requieren de la autorización del Congreso.

Hasta el momento, la administración de Trump no ha tenido la necesidad de negociar abiertamente con otros países (como México) o con el poder legislativo. No obstante, el momento de sentarse a la mesa de negociación llegará eventualmente.

A pesar de que el Partido Republicano cuenta con mayoría en ambas cámaras, el consenso de analistas augura un camino de obstáculos para que el poder ejecutivo pueda sacar adelante las promesas de Trump de implementar un programa de gasto en infraestructura de un billón de dólares y de realizar una reforma profunda del código fiscal, la cual incluiría la reducción del impuesto corporativo de 35 por ciento a 15 por ciento, así como de un impuesto de ajuste fronterizo.

Por otra parte, la promesa central de la campaña de Trump en materia económica fue la de “devolver los empleos a Estados Unidos”, particularmente los del sector manufacturero. Esto pretende ir contra corriente de una tendencia de casi dos décadas en la que el país se ha consolidado como una economía orientada a servicios y cuyo sector secundario ha aprovechado la liberalización comercial global de los últimos 30 años.

En este contexto se explica la retórica proteccionista que ha sido distintiva del discurso de Trump. El presidente ha amenazado a empresas que buscan producir en México (independientemente de si son estadounidenses o no) con la implementación de un impuesto fronterizo, ha decretado la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y ha hecho un llamado reiterativo de que es necesario volver a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
 
Trump contra corriente
 
Justin Wolfers, profesor de economía de la Universidad de Michigan, advierte que la promesa de “devolver los empleos a Estados Unidos” está condenada al fracaso.

Más allá del desgaste que implicará la negociación con el Congreso y con México, la retórica agresiva de Trump representa un esfuerzo fútil para detener una dinámica en la que aún existen incentivos altamente atractivos para que las empresas manufactureras estadounidenses trasladen su producción a países de bajo costo como México.

Wolfers asegura que, si bien, Trump puede retrasar los recortes de empleo del sector secundario estadounidense con su discurso de confrontación, no los puede evitar: “Pareciera que el enfoque de Trump ha tenido un efecto precisamente porque no es visto como una solución permanente (…) Las decisiones corporativas  se toman en función del balance de costos y beneficios, y los beneficios de la tercerización de la producción son típicamente grandes y duraderos”.

Modelo insostenible

El ejemplo evidente de esto es la reacción de la industria automotriz, la cual ha sido un blanco predilecto de las críticas de Donald Trump. Durante el periodo de transición de gobierno, una gran cantidad de firmas del sector hicieron anuncios de inversión en Estados Unidos. La mayoría de estas decisiones correspondió a planes reciclados.

Fuera de la cancelación de la planta de Ford en San Luis Potosí, ninguna armadora ha desistido de sus planes de producción en México.

Asimismo, la decisión de Carrier de no trasladar completamente su producción a una planta en Nuevo León no puede separarse del hecho de que su matriz, United Technologies, negoció facilidades fiscales con Trump y su equipo de transición que son equivalentes a  siete millones de dólares.

El modelo no es escalable, considerando que se salvaron alrededor de mil empleos en esa operación y a que, de acuerdo al Economic Policy Institute, el sector manufacturero estadounidense perdió 850 mil empleos entre 1993 y 2013.

El problema del enfoque de Trump es que omite el hecho de que gran parte de estos empleos fueron desplazados por el cambio tecnológico y que las empresas manufactureras aún encuentran muy atractivo el traslado de su producción a países de bajo costo.

Justin Wolfers argumenta que la mayoría de las empresas no han cancelado sus planes de tercerización, sino que están esperando a que el momento político de Donald Trump llegue a su fin.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos calcula que la brecha salarial de Estados Unidos y México es de una proporción de 15  a uno. Esto no sólo reduce los costos de producción, sino que también ofrece acceso a proveedores competitivos en una cadena de suministro profundamente integrada.

Por si fuera poco, la depreciación del peso frente al dólar de los últimos dos años (40 por ciento) abarata a las exportaciones mexicanas. Este efecto, incluso, neutralizaría en gran medida la propuesta de ajuste fronterizo que pretende prohibir a las firmas estadounidenses la deducción de sus costos de importación.

Harley Shaiken, profesor de la Universidad de California en Berkeley, refiere que, cuando se negoció el TLCAN, en Estados Unidos se temía que la combinación de alta productividad y bajos salarios sería irresistible para las empresas americanas. Eso fue justo lo que sucedió.