Nos vemos en la Corte

Estados Unidos está empujando a la economía global hacia el borde de una guerra comercial a gran escala.

Chad Bown, investigador del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés), sostiene que la Organización Mundial del Comercio (OMC) está por enfrentar la mayor disputa comercial en su historia.

En caso de que el Congreso de Estados Unidos apruebe la implementación de un impuesto de ajuste fronterizo, es altamente probable que sus socios comerciales obtengan el derecho a imponer represalias del orden de 385 mil millones de dólares.

Esta magnitud no tiene precedentes. En toda la historia de la OMC, el organismo únicamente ha otorgado el derecho de imponer medidas de retaliación en 13 ocasiones. La mayor cantidad que se ha autorizado ronda los 4 mil millones de dólares.

La razón por la que ahora la OMC deberá atender una disputa 100 veces mayor al caso de más alto perfil del que se tiene registro radica en el diseño del impuesto de ajuste fronterizo. La medida rompe con dos principios fundamentales de las reglas de la OMC: la restricción de importaciones y el subsidio de las exportaciones.

El consenso de analistas argumenta que la reforma fiscal promovida por la administración de Donald Trump representaría el mayor cambio al marco de impuestos corporativos en el último siglo.

El impuesto de ajuste fronterizo prohíbe la deducción de los costos de importación de las firmas de Estados Unidos y exenta del gravamen a los ingresos derivados de la exportación.

Paul Ryan, el vocero de la Cámara de Representantes que está auspiciando este impuesto, ha dicho que la medida compensará la desventaja comercial que significa el uso de impuestos al valor agregado en otros países.

Economistas como Paul Krugman, premio Nobel de Economía de 2008, denunciaron esta aseveración como una verdad a medias.

A diferencia de los impuestos al valor agregado, que se calculan en función del consumo, el impuesto de ajuste fronterizo propuesto por Ryan se calcula con base en los ingresos de las empresas. Esto rompe con las reglas de la OMC ya que beneficia a los exportadores estadounidenses a costa de la discriminación de las firmas que exportan hacia Estados Unidos.

El diario Financial Times reporta que las firmas estadounidenses han iniciado una “guerra civil corporativa” para cabildear a favor y en contra de la medida. Los dos bandos son claros: las empresas altamente dependiente de las importaciones, como Walmart; y las empresas con altos ingresos de exportación como General Electric.

Listos para la guerra

La Unión Europea, artífice de cerca del 20 por ciento del déficit comercial de Estados Unidos, ya prepara su caso ante la OMC. Jyrki Katainen, el vicepresidente de la Comisión Europea que evalúa la política comercial del bloque, dijo al Financial Times que Europa está evitando, en la medida de lo posible, una guerra comercial que sería desastrosa para la economía global.

No obstante, dejó claro que la Unión Europea defenderá su posición en el mercado estadounidense: “Si alguien está atentando contra nuestros intereses o contra las reglas del comercio internacional, nosotros utilizaremos nuestros mecanismos de reacción”.

Por otra parte, un alto funcionario europeo que pidió no ser referido asegura que la primera evaluación de la potencial disputa comercial es que los cambios fiscales en Estados Unidos no son compatibles con las reglas de la OMC.

Al respecto, Kevin Brady, uno de los principales promotores del impuesto de ajuste fronterizo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que era de esperarse que los demás países interpusieran recursos ante la OMC, pues éstos mantienen una posición de privilegio.

Venganza que paga

Brady insistió en que la iniciativa está diseñada para sobrellevar cualquier disputa internacional. Sin embargo, esta postura no es coincidente con la percepción de Chad Bown, una de las voces más autorizadas en materia de disputas comerciales en la academia estadounidense.

Bown estima que el impuesto de ajuste fronterizo es equivalente a una tarifa arancelaria de 10 por ciento sobre las importaciones. En ese sentido, siguiendo la fórmula de efectos del comercio de la OMC, utilizada para calcular la autorización de represalias, esto equivaldría a una pérdida de ingresos de exportación de 220 mil millones de dólares para los socios comerciales de Estados Unidos.

Por otra parte, el investigador del PIIE calcula que el subsidio a las exportaciones estadounidenses sería equivalente a alrededor de 165 mil millones de dólares.

Desde el punto de vista de Bown, es altamente probable que los socios comerciales de Estados Unidos ganen el argumento legal ante la OMC. Esto lo haría acreedores al derecho de imponer represalias que serían equivalentes al 25 por ciento de las exportaciones anuales de Estados Unidos.

México sería uno de los mayores beneficiarios. El país representa el segundo mayor destino de exportación de Estados Unidos, además de que vende casi 300 mil millones de dólares anuales a su vecino del norte y principal socio comercial.

La defensa del status quo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se ha convertido en una prioridad de la política comercial mexicana. Probablemente, sea más eficiente migrar los esfuerzos de política pública hacia el fortalecimiento del caso de México ante la OMC.