A falta de agua toman refrescos

Tras la previa aprobación de la Cámara de Diputados respecto a las misceláneas fiscales que entrarán en vigor el próximo año, la Cámara de Senadores modificó ciertos puntos de la propuesta de reforma fiscal. 

A diferencia de la propuesta original emitida por el ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, además del peso que se gravará por litro a bebidas azucaradas, jarabes, concentrados y demás, los senadores establecieron un 8 por ciento de impuestos a alimentos “chatarra”, tales como frituras, galletas, pasteles, entre otros más. 

Todo esto bajo la bandera de la salud del mexicano, pues solo Estados Unidos nos gana como el país más gordo del mundo. El impuesto ha provocado un sinfín de reacciones de empresarios, pero realmente muy pocas de la sociedad civil en general. 

Esto lo explica David Toscana, novelista regiomontano y columnista de The New York Times, afirmando que “Para la mayoría de los mexicanos, el dinero es algo que usted necesita, no es algo que apreciamos por su propio bien. Es por eso que los nuevos impuestos sobre los refrescos y comida chatarra eran en su mayoría impugnadas por la comunidad empresarial”.

Sin embargo, no por ello el consumidor no se verá afectado por dicho impuesto. El escritor explica en su columna su primera experiencia laboral al término de su carrera universitaria, la cual fue en una compañía refresquera.

Como parte de su entrenamiento, empezó haciendo entregas a lugares remotos donde se acababan los caminos, tan solo seguidos por otros camiones de empresas de las llamadas comidas “chatarras”, a lugares donde no llegaba el gobierno, donde no hay hospitales o escuelas, e inclusos a lugares donde no llega el agua potable.

Aunque es casi del conocimiento general que el agua se debe desinfectar, filtrar y hervir, en esas comunidades y ejidos sigue siendo más fácil comprar una botella, y de preferencia azucarada. 

Como dice Toscana, “así, el azúcar no es tan bueno para usted. Pero es parte de ese universo en el que la inercia domina la razón”.

Por ello, si el gobierno pretende eliminar la obesidad del país con estos impuestos, primero debería ser capaz de abastecer a todos los mexicanos con agua potable. 

Mientras tanto, nos veremos aportando al erario mil millones de dólares al año por concepto de bebidas azucaradas. 

Finalmente, el regiomontano propone gravar la corrupción. Según datos de la Asociación de Empresarios Mexicanos, el costo de la corrupción representa el 9 por ciento del PIB, es decir, 1.2 billones de dólares. Por lo que de establecerle un impuesto del 16 por ciento, se recaudaría 17 mil millones de dólares.