Ficrea: el problema de ‘fondo’

El fraude de Ficrea se ha convertido en un caso polémico en los medios de comunicación mexicanos. Desde que se dio a conocer la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre esta sociedad financiera, los clientes estafados han demandado su dinero a través de todos los medios posibles.

Tanta ha sido la presión, que la Cámara de Diputados aprobó, y turnó al Senado, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, mejor conocida como la Ley Ficrea, para aumentar la regulación en este tipo de empresas y evitar fraudes similares.

El problema es que la nueva ley también contempla la creación de un fondo de hasta mil 700 millones de pesos formado con recursos públicos para pagarle a los clientes de Ficrea la mayoría de su dinero perdido.

En otras palabras, a través de presiones políticas los clientes de Ficrea han conseguido que el resto de los contribuyentes absorban sus pérdidas. No es la primera vez que suceden este tipo de fraudes y no existe una ley que obligue a las autoridades a pagar los montos robados.

Esto no significa que no se haya cometido un delito. Los responsables del robo deben ser procesados de manera penal y cumplir sus condenas. Por su parte, los activos de la sociedad deben ser liquidados y los clientes deben ser resarcidos de manera proporcional con este dinero, de acuerdo a como lo dicta la legislación actual.

Realizar una inversión siempre conlleva un riesgo. Lassociedadess de inversión se dedican a captar dinero de sus clientes para hacerlos crecer a una tasa de crecimiento. A mayor rendimiento, mayor es el riesgo.

Los clientes de Ficrea depositaron sus ahorros en la sociedad porque esta ofrecía hasta un 10 por ciento de rendimiento anual, mucho más que cualquier otra institución del mercado. Esta es una de las primeras alertas rojas que debió prevenir a sus clientes de que se trataba un negocio turbio.

Ficrea fue creada como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que se dedican a proporcionar servicios a pequeñas y medianas empresas o personas físicas, es decir, la restringe a un bajo perfil que ignoro. Es deber de los inversionistas saber que las Sofipos sólo están respaldadas hasta por 25 mil UDIS, lo que equivale hoy en día aproximadamente 132 mil pesos.

Ni si quiera en países como Estados Unidos el Gobierno recompensa a los inversionistas cuando sucede un fraude similar.

¿Y la autoridad?

Una de las principales quejas de los clientes de Ficrea es por qué las autoridades responsables, en este caso la CNBV, fue incapaz de notar la administración fraudulenta la sociedad a tiempo.

La Sofipo contaba con por lo menos tres empresas que no eran supervisadas que sus directivos utilizaron para realizar transferencias al extranjero, comprar inmuebles y realizar gastos personales.

A pesar de que Ficrea comenzó sus operaciones como Sofipo desde el 2008, la CNBV decidió iniciar una investigación hasta finales del año pasado. La empresa llegó a crecer tanto que incluso solicitó un permiso para operar como banco en México.

Con tantas irregularidades cometidas, es claro que existe un problema en el sistema de supervisión financiera del Gobierno. En ese sentido, la Ley Ficrea busca otorgar mayores armas a la CNBV para impedir que se cometan delitos parecidos en el futuro.

Pero no importa que tan incompetente sean las autoridades, los contribuyentes no tienen la obligación de pagar los platos ratos de unos cuantos.

No es otro Fobaproa

Críticos de la Ley Ficrea la califican como un rescate similar al Fobaproa, el cual otorgó el Gobierno después de la crisis bancaria de 1994, pero el caso cuenta con diferencias importantes.

Por más grande que haya sido el fraude de Ficrea, está muy lejos de convertirse en una amenaza al sistema financiero mexicano como la que frenó el Fobaproa.

Políticos que han apoyado la Ley Ficrea afirman que el Gobierno no tendrá que desembolsar ni un sólo peso porque al final va a recuperar todo el dinero que regale a los clientes defraudados.

De acuerdo con el esquema propuesto, la autoridad estaría adquiriendo los derechos de cobro de los clientes de Ficrea a cambio de saldar las deudas que no cubre el seguro normal de 132 mil pesos y hasta llegar a un millón de pesos.

Después, cuando la sociedad sea liquidada, el Gobierno recuperaría su dinero. No obstante, nada garantiza que la venta de activos cubra todo el dinero del fondo, de lo contrario, no existiría tantas reclamaciones por parte de los acreedores.

Lo más grave del caso es que la nueva ley puede sentar un precedente para que los contribuyentes sean los responsables de las irresponsabilidades de los inversionistas.