¿Quién tiene la razón?

El gasolinazo, la política fiscal de mayor resonancia mediática de la administración de Enrique Peña Nieto, ha vuelto al centro de la discusión pública. Esto ocurre en un momento en el que el país enfrenta la mayor tasa de inflación en 16 años.

La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros estima que el precio de las gasolinas se incrementará alrededor de 6.9 por ciento en 2018, a raíz del esquema de liberación gradual del precio de los combustibles. Un aumento de esta magnitud tendría consecuencias directas para la inflación, que en la primera quincena de diciembre registró un avance de 6.69 por ciento en términos anualizados.

Lo que pudo haber sido interpretado como un simple pronóstico privado alcanzó una nueva dimensión cuando Pemex, la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Hacienda lanzaron una ofensiva mediática conjunta para descalificar la estimación de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros.

De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, desde el 30 de noviembre, el precio de la gasolina Magna ha crecido en promedio sólo 1.3 por ciento.  La fecha es importante porque representa el primer día en el que entró en vigor el nuevo esquema de la Secretaría de Hacienda para calcular el valor de las gasolinas, eliminando el mecanismo de precio máximo.

La nueva fórmula contempla cinco componentes: precio de referencia (51.74 por ciento), IEPS (22.52 por ciento), IVA y otros conceptos ( 14.17 por ciento), margen (5.5 por ciento) y transporte y logística (6.07 por ciento).

Momento frágil para la inflación

El tema de fondo en el enfrentamiento verbal entre las autoridades de política energética y el sector privado yace en que la implementación del gasolinazo ocurre en el momento más frágil de la última década para el anclaje de las expectativas inflacionarias.

El diseño de la política económica mexicana estipula que el tipo de cambio representa la variable de ajuste para absorber impactos del exterior. La marcada depreciación del tipo de cambio, que en los últimos cuatro años ha sido de 47.88 por ciento, se refleja en el repunte inflacionario del último año. Pese a que el Banco de México ha elevado su tasa de interés de referencia en 425 puntos base desde diciembre del 2015, la tasa de inflación sobrepasa el rango máximo del nivel objetivo en casi 300 puntos base.

En ese sentido, el consenso de analistas expresa que el riesgo de mercado podría agravarse este año y transmitirse al proceso de formación de precios. La incertidumbre que rodea a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y al proceso electoral de 2018 sugiere que el  balance de riesgos para el  tipo de cambio, y por ende de la inflación, se ha deteriorado de manera significativa.

Es en este contexto en el que el gobierno mexicano está implementando la liberación gradual del precio de la gasolina. La inflación, que ya está presionada al alza por las perspectivas del tipo de cambio, no podrá ser aislada de la tendencia alcista en el precio internacional del petróleo.

El año pasado, el valor del barril de referencia internacional Brent creció 17.19 por ciento y actualmente cotiza a casi 70 dólares. Jim O’Neill, execonomista en jefe de Goldman Sachs y el creador del acrónimo BRIC, quien es también una voz de gran influencia en el mercado, pronostica que el precio del Brent al cierre del 2018 será de 80 dólares por barril.

A pesar de ello, las autoridades energéticas mexicanas insisten en que el pronóstico de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros es un “comentario especulativo”.

Este estilo correctivo se ha vuelto una constante de la administración de Peña Nieto. Esta semana, la Secretaría de Economía comunicó que el argumento de que el precio de la tortilla se encuentra al alza está injustificado. La dependencia refiere que esta afirmación, que hace alusión a lo expresado por la Unión nacional de Industriales de Molinos y Tortillas, contrasta con el hecho de que el precio de la tortilla se encuentra 11 por ciento por debajo de lo registrado hace 12 meses.

¿Se echaron para atrás?

La Secretaría de Hacienda reconoce implícitamente que el gasolinazo representa una política fiscal sensible,  en términos políticos y económicos.

El gobierno pospuso la liberación total del precio de los combustibles, que estaba planteado originalmente para entrar en vigor en 2018. En cambio, se propuso la fórmula de control que está siendo utilizada desde el 30 de noviembre.

Sin embargo, las autoridades económicas se tomaron la libertad de modificar o ajustar el IEPS de ser necesario. Esto quiere decir que, con la finalidad de evitar efectos disruptivos electorales o inflacionarios, el gobierno podría subsidiar el consumo de gasolina de un modo discrecional.

Esto contradice uno de los objetivos primordiales del gasolinazo, que era retirarle a las finanzas públicas la presión del oneroso y regresivo subsidio a las gasolinas.

Hasta el momento no se registra un aumento brusco y generalizado en el precio de las gasolinas, como argumenta el gobierno, pero sólo es cuestión de tiempo para saber si el pronóstico de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros está en lo correcto, o si en realidad fue un comentario meramente especulativo.

Fórmula discrecional

El gobierno puede ajustar o subsidiar el IEPS si el precio internacional de referencia supera el de las expectativas

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Fuente: SHCP, El Economista

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