Golpe a la educación

La austeridad republicana alcanzó a la educación pública. Para el próximo año, el Paquete Económico contempla una reducción importante a los recursos de las principales instituciones educativas. Con esto se corre el riesgo de frenar el desarrollo de investigaciones académicas, así como la atención a demandas estudiantiles a nivel superior en México.

“Es un poco incongruente buscar una política social incluyente cuando se le está quitando a la educación e investigación, sectores que son motores del desarrollo de cualquier país. Esto es preocupante porque manda un mensaje de que el impulso al capital humano no es relevante”, manifiesta Lol-be Peraza González, académica de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante su conferencia matutina del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es egresado de la máxima casa de estudios del país, negó que se vaya a reducir este rubro y más tarde el secretario de Hacienda Carlos Urzúa respaldó esta declaración al rechazar las acusaciones de la oposición en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, donde defendió el proyecto presentado el sábado.

A pesar de las justificaciones del mandatario y el funcionario encargado de las finanzas públicas del país, las cifras no mienten. Los centros educativos sufrirán un duro golpe en la asignación de sus recursos que van desde una disminución del 2 por ciento hasta más del 50 por ciento, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2019

Por principio, la UNAM recibirá 37 mil 277 millones de pesos (mdp), monto 6.7 por ciento inferior a los 39 mil 973mdp aprobados para 2018.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) dispondrá de 16 mil 181 mdp, es decir un 5.2 por ciento menos a los 17 mil 062 mdp de este año.

En caso de aprobarse el primer Paquete Económico del presidente López Obrador sin modificaciones, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recibirá 6 mil 738 mdp, cifra que representará un 8.1 por ciento menor a los 7 mil 335 mdp.

Otro organismo que también sufrirá un descalabro es la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), creada en 1978 dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyos recursos se reducirán 30.2 por ciento al pasar de 481.1 mdp destinados en 2018 a 335.7 mdp.

Mientras que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea) tendrá un tijeretazo de 20.4 por ciento, con lo que su presupuesto pasará de 2 mil 646 mdp a 2 mil 107 mdp el próximo año.

Las entidades relacionadas con sectores especializados también resentirán la medida. El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) será cobijado por 306.2 mdp, que representan un 11.8 por ciento inferior a los 306.2 mdp recibidos este 2018.

Por su parte, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) tendrá un 9.2 por ciento menos de recursos al pasar de mil 14 mdp a 920.6 mdp.

Contrario a esta situación, el proyecto del gobierno prevé un aumento en el gasto de la SEP acorde con el plan educativo del presidente López Obrador que se pondrá en marcha durante los próximos años.

Para 2019, la SEP recibirá un presupuesto de 300 mil 140 millones de pesos, monto 2.9 por ciento mayor a lo asignado con el Paquete Económico 2018 cuando recibió 291 mil 813 millones de pesos.

La medida generó desconcierto en las instituciones públicas afectadas y mediante desplegados expresaron su preocupación e hicieron un llamado a los diputados a que realicen las modificaciones pertinentes al proyecto, con el propósito de preservar la calidad en la educación superior.

Daños colaterales

Uno de los puntos polémicos del proyecto es que a la par de que se harán recortes a las principales instituciones educativas del país se destinará una partida de mil mdp para la construcción de 100 nuevas universidades públicas.

José Francisco Ponce, académico e investigador privado, califica a la medida como errónea, ya que en territorio nacional existen escuelas de nivel superior en malas condiciones que podrían ser rehabilitadas y utilizadas para este fin sin necesidad de gastar en nueva infraestructura.

“Que se abran más universidades no garantiza que serán de calidad. El gran riesgo que existe es que los planes de estudio no sean competitivos a nivel nacional e internacional y sus estudiantes se conviertan en mano de obra barata”, refiere.

Los especialistas coinciden en que podar los recursos al sistema educativo público ocasionaría, por principio, que se detenga el desarrollo de investigación en México, que baje el rendimiento académico y la calidad de la enseñanza, además de que las instituciones no puedan atender la demanda de los millones de estudiantes de este nivel académico.

Otro tema que consideran como un desacierto es que se rescate al sector energético a cambio de que se le quite financiamiento a la educación pública del país.

Victor Valdivia, presidente de Kratos Consultores, se suma a las voces que desestiman la idea de que se privilegie al petróleo antes que al talento de los jóvenes mexicanos.