Camino cerrado

El Show Internacional de Automóviles de América del Norte (NAIAS, por sus siglas en inglés) que se celebra anualmente en Detroit ha tomado una relevancia política sin precedentes.

El evento que reúne a los ejecutivos de las principales armadoras globales y que presenta los nuevos modelos y planes de expansión de la industria coincide con la intensificación de la retórica proteccionista del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

La amenaza directa de Trump de imponer un arancel de importación a las empresas que produzcan sus automóviles en México toca un pilar de la industria automotriz. Desde el 2010, las principales armadoras globales han invertido alrededor de 24 mil millones de dólares en México.
 
Reacciones divergentes
 
La reacción de la industria no ha sido homogénea. Ford, la armadora en la que se centraron las críticas de Trump durante su campaña, se adelantó a la oleada de tweets del presidente electo y anunció la cancelación de una inversión de 1.6 mil millones de dólares en México. Ése mismo día, se dio a conocer que la firma gastaría 700 millones de dólares en sus operaciones estadounidenses dedicadas al desarrollo de tecnología de manejo autónomo.   

Toyota, que fue amenazada abiertamente por Trump, mantuvo un discurso deferente al presidente electo, pero aseguró que sus planes para la región se mantenían sin cambio.

La empresa japonesa es parte de una nueva oleada de firmas asiáticas y europeas que han anunciado inversiones en México, emulando un modelo que ha demostrado ser funcional para las firmas estadounidenses en la última década.

De acuerdo a las decisiones públicas de las firmas del sector automotriz, 22 mil millones de dólares serán invertidos en México para el 2019, lo cual generará alrededor de 25 mil empleos.

Sin embargo, esta tendencia de inversión podría revertir su curso en el corto plazo. Ayer, en el marco del NAIAS, Sergio Marchionne, director general de Fiat Chrysler (FCA), declaró que la firma podría retirar todas sus operaciones de producción en México en caso de un aumento sustancial en el nivel de tarifas arancelarias.

En campaña, Trump prometió imponer un arancel de 35 por ciento a las importaciones mexicanas.
Marchionne, quién anunció que se retiraría a finales del 2018, dejó en claro cuál era su visión del lugar de México en la cadena de valor de la industria automotriz: “México sólo es un buen lugar para producir si se puede exportar a Estados Unidos”.

Las declaraciones del director general de FCA sucedieron al anuncio de que su firma invertiría mil millones de dólares en plantas de Michigan y Ohio, dos estados clave para la victoria electoral de Donald Trump.

No obstante, Marchionne, tal como lo había hecho Mark Fields, director general de Ford, descartó cualquier implicación política en esta decisión: “No tomamos decisiones de inversión basadas en el riesgo de un tweet”.

La reacción de General Motors, la mayor firma estadounidense del sector (rescatada con fondos públicos en 2009), tomó una postura de confrontación. La firma dirigida por Mary Barra, quién forma parte de un consejo empresarial que asesora al presidente electo, comunicó que las decisiones de inversión dadas a conocer de manera reciente son producto de un análisis realizado en años anteriores.

General Motors ha anunciado inversiones en México por 5 mil millones de dólares para el fin de la década. Ayer, la compañía comunicó que trasladaría la producción de su modelo GMC Terrain de Canadá a México.
 
Bloque anti arancel
 
De acuerdo a la firma de consultoría LMC Automotive, Ford, General Motors y FCA incrementarán su producción mexicana en un millón de unidades para el 2022.

El clima político y las reacciones recientes de la industria automotriz envuelven este pronóstico en un halo de incertidumbre.

Sin embargo, analistas del sector argumentan que hay una razón por la que se impondrá el status quo: los obstáculos que enfrentará la administración de Trump para elevar las tarifas arancelarias.

Gary Hufbauer, director del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés), sostiene  que las amenazas de Trump están sujetos a un duro proceso de confrontación legal. Argumenta que el presidente puede gravar países, no empresas.

Asimismo,  asegura que, aún si Estados Unidos pide la salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las importaciones de México estarán sujetas a las reglas aplicables al estado de “nación menos favorecida”. Por lo tanto, se espera que, en el peor escenario, las tarifas arancelarias a la importación escalen a 4 por ciento, no a 35 por ciento.

Aunque el Partido Republicano cuenta con mayoría en ambas cámaras, la retórica proteccionista de Trump no cuenta con el respaldo unánime del Congreso ni del gabinete presidencial.

Paul Ryan, congresista republicano que funge como vocero de la cámara baja, se ha pronunciado públicamente en contra de un aumento de aranceles que pudiera derivar en una guerra comercial.