El gobierno de México quiere presentar un nuevo examen. Acostumbrado a reprobar en el fortalecimiento de la infraestructura escolar se puso la meta de sacar 10 en los siguientes años y con ello dignificar las condiciones de las niñas, niños y adolescentes que reciben educación pública en el país.
Sin embargo, recursar la materia y aprobarla será complicado, ya que aproximadamente 17 millones de estudiantes y 750 mil maestros acuden a escuelas con algún tipo de carencia, de acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
La guía de estudio del actual gobierno es el Programa La Escuela es Nuestra (LEEN), con el que se entregarán los recursos directamente a comités de padres de familia.
Aunque el deseo de fortalecer a las escuelas es positiva, durante el sexenio pasado se creó una iniciativa similar: el Programa de la Reforma Educativa, cuyo objetivo estaba enfocado en disminuir el rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas, además sumó el fortalecimiento de la autonomía escolar.
Rafael de Hoyos, profesor de economía del ITAM, considera que todo aquello que sume para mejorar el grado de marginación educativo siempre debe ser apoyado, pero con el LEEN existe una preocupación sobre la entrega de los recursos, labor que recaía en el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) antes de su extinción.
“El gobierno le está dando la responsabilidad de hacer uso de los recursos a la comunidad educativa y en el caso de obras mayores se tendrá que buscar la asesoría técnica correspondiente conforme lo establezca la ley, aunque se le está transfiriendo el poder a un padre de familia que claramente no está facultado para tomar este tipo de decisiones”, detalla el doctor en Economía por la Universidad de Cambridge.
En septiembre de 2019, se realizaron diversas modificaciones a la Ley General de Educación, con lo que se eliminó el Inifed, órgano que se dedicaba a dar seguimiento y canalizar los recursos para el equipamiento del mobiliario e instalaciones de las escuelas públicas del país.
A pesar de que el gasto en educación de México supera a otros países de la OCDE, el presupuesto que se destina para la rehabilitación de la infraestructura aún es insuficiente para atender las dramáticas condiciones que enfrentan los planteles educativos, en especial en las entidades con un mayor grado de marginación.
En Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Puebla, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estima que en estas entidades el 52 por ciento de las escuelas carecen de agua potable, en tanto que 78 por ciento no tiene servicio de drenaje, y 92 por ciento no cuenta con acceso a internet.
La inversión contemplada para este año en el LEEN es de 21 mil millones de pesos, en una segunda etapa se destinarán 22 mil millones de pesos, para que una vez concluida la tercera fase del plan se hayan entregado 40 mil millones de pesos.
Reprobados en infraestructura y transparencia
En 2014 se creó el Programa de la Reforma Educativa con un presupuesto superior a los 7 mil millones de pesos y en su primera fase contempló el ciclo escolar 2014-2015 en 20 mil 154 escuelas seleccionadas en territorio nacional.
Sin embargo, una investigación publicada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en abril de 2015 reveló que de los recursos asignados solo se tenía información sobre el 5.1 por ciento del total ejercido.
Para finales de 2018, un informe elaborado por el Instituto Belisario Domínguez mostró que más del 40 por ciento de los centros escolares contemplados no habían recibido recursos para su fortalecimiento.
Fiorentina García, estudiante de Posgrado en la Hertie School of Governance en Berlín y especialista en temas educativos, considera que el mayor desafío al que se enfrenta la actual administración es que si no quiere recursar la materia tiene que trabajar en una mentalidad de aulas abiertas.