Los ingresos de una mujer son determinantes al momento de acceder a un aborto seguro y libre, pero también sus ingresos futuros podrían estar condicionados ante la restricción de este derecho, advierten especialistas en materia económica y de los derechos reproductivos de las personas gestantes.
Entre estos especialistas está Janet Yellen, secretaría del Tesoro de Estados Unidos, quien ha advertido que restringir los derechos reproductivos de las mujeres tiene un efecto muy perjudicial para la economía de un país.
“Creo que eliminar el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre cuándo y si quieren tener hijos tendría efectos muy dañinos en la economía y haría retroceder a las mujeres décadas”, explicó Yellen en mayo de este año, cuando acudió a una comparecencia en el Senado estadounidense pocos días después de que se diera a conocer un anteproyecto de la Suprema Corte que se inclinaba por eliminar el derecho a las mujeres de abortar.
La también expresidenta de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) apuntó que el acceso al aborto de las mujeres en ese país “ayudó a aumentar la participación en la fuerza laboral. Permitió que muchas mujeres terminaran la escuela. Eso aumentó su potencia de ingresos. Permitió a las mujeres planificar y equilibrar sus familias”.
“Eliminar el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre cuándo y si quieren tener hijos tendría efectos muy dañinos en la economía y haría retroceder a las mujeres décadas”
El dinero hace la diferencia
Además del impacto que puede tener en la economía, el libre el acceso a un aborto en los estados en donde está prohibido, 23 entidades en el caso de México, está condicionado por los ingresos y nivel económico de las personas gestantes.
En las clínicas clandestinas el costo de este procedimiento va desde los cinco mil hasta los 30 mil pesos y sólo el 15.6 por ciento de las mexicanas de entre 25 y 29 años cuentan con este nivel de ingresos para poder costearlo.
30 mil
El aborto legal en la Ciudad de México en clinicas privadas ronda entre dos mil y cinco mil pesos. Las cifras disminuyen cuando este procedimiento ocurre a través del uso de medicamentos con un precio aproximado de 500 pesos, detalla Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).
A ello se suman las condiciones sociales, “(quienes) realizan un aborto en donde aún está penalizado son las que terminan encarceladas por este delito, es decir, las mujeres más pobres, las que están marginadas y que tienen menores condiciones y garantía de derechos en general”, explica Salguero.
Además, en un contexto en que las oportunidades laborales y profesionales son desiguales entre hombres y mujeres, siendo ellas las que experimentan el lado negativo de estas brechas, los embarazos tienden a generar condiciones de mayor desventaja.
La desigualdad salarial, discriminación y de género arrebatan la posibilidad de tener una vida digna, asimismo, son “criminalizadas socialmente” en la búsqueda de un aborto aun en los lugares donde está despenalizado, señala la especialista.
En México son nueve los estados en donde las mujeres tienen derecho a acceder a un aborto seguro y gratuito: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur.
La directora de ILSB agrega que, en ciertos países en desarrollo, la atención por complicaciones de abortos ilegales puede representar hasta 50 por ciento de lo que se le asigna al presupuesto de hospitales exclusivos para atención a personas gestantes y recien nacidos.
Aún más vulnerables
Con la penalización del aborto, en muchos casos las adolescentes embarazadas se ven obligadas a dejar sus estudios y buscar empleos informales para la manutención de sus hijos e hijas, tomando en cuenta que su desarrollo será precario y sin protección social.
El impacto agregado para el Estado y la sociedad refiere a pérdidas de ingresos, pérdida de empleo, pérdida de actividad laboral y una brecha salarial importante. Los costos totales que representan los embarazos en la adolescencia son de hasta 73 mil millones de pesos anuales equivalentes al 0.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), comenta Friné Salguero.
Inclusive, el hecho de que aborten de forma insegura conlleva a que tengan complicaciones importantes en su salud como ya se mencionó o que ni siquiera puedan realizarlo por falta de efectivo acceso a la salud pública.
“No porque esté penalizado van a dejar de interrumpir sus embarazos, al contrario, lo van a hacer en peores condiciones, cada año hay casi 47 mil muertes como consecuencia de estos abortos inseguros”, dice Salguero.