La economía del desastre

Después del shock, de la psicosis, de dimensionar la magnitud de la tragedia humanitaria y de las muestras de solidaridad viene el recuento de daños.  El gobierno mexicano aún no provee una estimación de los costos económicos de los dos terremotos que han golpeado a México en los últimos días.

Sin embargo, los medios de comunicación dan cuenta de los evidentes daños a la infraestructura urbana y rural, así como a las viviendas de miles de personas. La coyuntura ha cambiado para la política fiscal mexicana.

Los desastres naturales ocurrieron en un momento clave para la discusión legislativa. La fecha límite para que el Congreso apruebe la propuesta de egresos del Paquete Económico 2018 es el 17 de noviembre de este año.

En ese sentido, los legisladores mexicanos deberán evaluar cómo ha cambiado el marco económico y cuáles son las prioridades presupuestarias más urgentes de la nueva realidad.

En 1985, el terremoto significó el factor que en última instancia llevó a la economía mexicana hacia una recesión. No obstante, este escenario derivó de una condición económica de fragilidad que estuvo marcada por los desequilibrios fiscales y una fuerte carga de deuda. Además, el diseño de la política económica mexicana y su capacidad de respuesta (fiscal y monetaria) eran completamente distintas.

Esto no quiere decir que el efecto económico de los terremotos de 2017 será mínimo. Un documento de la firma Moody’s Analytics refiere: “Aunque es demasiado pronto para que las autoridades tengan una estimación de los daños mientras continúan los trabajos de rescate, es cierto que la actividad económica en esos tres estados, y particularmente en la Ciudad de México, seguirá interrumpida por algún tiempo”.

La experiencia internacional

La experiencia internacional sugiere que, independientemente del tipo, magnitud o localización del desastre natural, los efectos en términos de productividad, crecimiento e inflación suelen ser significativos en el corto plazo.

Si bien, el consenso de analistas argumenta que dichos efectos dependen del nivel de desarrollo de un país, de la calidad de su infraestructura y del marco de la política económica; la lógica económica sugiere que la disrupción de las cadenas de valor y de la infraestructura pesarán sobre los niveles de productividad en primera instancia y sobre el crecimiento en segunda instancia. Además, se prevé un alza inflacionaria focalizada en las regiones afectadas por el desastre natural debido a un choque de oferta en el nivel de precios.

El banco central de Nueva Zelanda calcula que el país perdió el 2.5 por ciento de su inventario de capital durante los terremotos de Canterbury del 2010 y 2011.

Después del accidente nuclear de Fukushima, el Banco de Japón inyectó 183 mil millones de dólares al sistema financiero para neutralizar la caída en el precio de las acciones y el aumento en el riesgo crediticio de los bonos soberanos.

Las condiciones de la coyuntura mexicana son diametralmente diferentes. Después de que ocurrió el terremoto del 19 de septiembre, los mercados presentaron variaciones dentro del rango de normalidad de los últimos meses. De hecho, los activos mexicanos fueron mucho más reactivos al comunicado de política monetaria que envió la Reserva Federal ayer en la tarde que al sismo de 7.1 grados en la escala de Richter del martes.

Optimismo de largo plazo

La literatura económica es mucho más optimista respecto al efecto de los desastres naturales en el largo plazo. El comunicado que emitió ayer el banco central estadounidense refiere explícitamente que “la experiencia pasada sugiere que es poco probable que las tormentas modifiquen materialmente el curso de la economía en el mediano plazo”.

Incluso, un estudio del Centro de Investigación Mizuho de Japón encontró que las compañías domésticas salieron fortalecida del terremoto Tohoku de 2011. Se citaron dos razones: la destrucción creativa y la selección natural.

El primer fenómeno hace alusión a la necesidad de incorporar nueva tecnología y actualizar los bienes de capital debido a la destrucción de activos  en el desastre natural.

El segundo fenómeno se refiere a la salida forzada de empresas ineficientes del mercado y a la supervivencia de compañías fuertes con capacidad de inversión.

Por otra parte, se argumenta que los esfuerzos de reconstrucción del Estado generalmente se traducen en una política fiscal de corte expansivo que inciden en un aumento de la demanda agregada (inversión y consumo privado) y por ende del producto interno bruto.

En el 2011, el gobierno de Nueva Zelanda gastó 4.6 mil millones de dólares en la reconstrucción de infraestructura privada y 12 mil millones de dólares para la recuperación de propiedad privada.

Ciertamente, las condiciones de espacio fiscal y nivel de ingreso de México difieren de las de Nueva Zelanda o de Japón, pero la experiencia internacional sigue siendo el referente más importante para las autoridades de política económica del país.