La tentación del soborno

Ni siquiera la posibilidad de un castigo es suficiente para remover al atractivo de la corrupción para las empresas, ya que los beneficios obtenidos a menudo rebasan el costo de las multas, según reportó ayer la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

En su reporte anual de Perspectivas de Negocios y Finanzas, la OCDE dedica un capítulo completo al papel que juega el soborno internacional como una práctica de negocios rentable.

El reporte concluye que en las jurisdicciones que cuentan con sanciones débiles, el soborno internacional representa una inversión atractiva para las empresas, incluso si éstas tienen la certeza de que serán descubiertas y castigadas.

José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, dijo en la presentación del reporte que “a veces las sanciones son tan ligeras que, incluso si las personas tienen una probabilidad de 100 por ciento de ser descubiertas, siempre optarán por pagar la multa y aún así recibir el beneficio del soborno”.

Además, la OCDE encontró que a pesar de que hay países con leyes que castigan fuertemente la práctica del soborno internacional, esto sólo representa una realidad en papel ya que las sanciones no están respaldadas por una aplicación efectiva.

El reporte realiza una simulación de flujos de efectivo en el que calcula el valor presente neto de la inversión de un soborno en diferentes escenarios.  La conclusión más importante del informe de la OCDE es que, a nivel internacional, las sanciones que castigan el soborno aún son muy bajas.

Por otra parte, se hace énfasis en la necesidad de un balance sólido entre el esfuerzo de las autoridades para ejercer la aplicación efectiva de las leyes y un cuerpo robusto de sanciones que se encuentren en un nivel que modifiquen los incentivos de las empresas para practicar el soborno.

En ese sentido, Alemania y Estados Unidos representan los países más activos en términos de la aplicación de sanciones a individuos y empresas por soborno internacional.

La OCDE señala que una parte fundamental para aplicar las leyes anti soborno de manera efectiva reside en un sistema integral de confiscación judicial. La simulación de la OCDE encuentra que esta variable es de gran relevancia para reducir los incentivos de las empresas para practicar el soborno, pero que la mayoría de los países del reporte no cuentan con la experiencia e infraestructura legal para establecer un sistema de confiscación funcional. 
 
El soborno internacional en México
 
El estudio incluye a 41 países, entre los que se incluye México, que han firmado la convención anti soborno de la OCDE.  Aunque el reporte no hace referencias a países específicos, resalta que existen 24 naciones que aún no han sancionado a algún individuo o compañía desde que la convención entró en vigor en 1994.

El último reporte de la OCDE que dio seguimiento particular a la situación del soborno internacional en México y al seguimiento de las recomendaciones que ha hecho el organismo en la materia fue publicado en marzo del 2014.

De acuerdo al informe, hasta esa fecha, de las 22 recomendaciones para combatir el soborno internacional que emitió la OCDE en el 2011, México únicamente implementó de manera cabal cuatro recomendaciones.

Asimismo, el reporte de 2014 refiere que México aún no ha emitido enjuiciamiento o sentencia de algún caso de soborno internacional. A pesar de que se iniciaron dos investigaciones de soborno internacional, éstas terminaron con sanciones de soborno doméstico. 

El costo de la corrupción
 
La medición de la corrupción es un proceso complejo que implica la toma de decisiones arbitrarias. No obstante, existe un consenso generalizado de que la corrupción implica altos costos sociales y económicos.

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el costo anual de la corrupción es de 890 mil millones de pesos. María Amparo Casar, autora de la investigación del IMCO titulada “México: anatomía de la corrupción”, argumenta que este costo equivale a la implementación de cinco reformas fiscales o a casi ocho veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social.

La investigación hace referencia a otros indicadores: la consultoría Ernst & Young calcula que la corrupción se traduce en una pérdida de 5 por ciento de las ventas anuales de las empresas, el Fondo Monetario Internacional estima una caída de 5 por ciento en la inversión derivada de los costos que prevalecen en países con altos niveles de corrupción y el Banco de México y el Banco Mundial consideran que el costo de la corrupción representa el 9 por ciento del producto interno bruto en México.

El país ocupa el lugar 95 de 168 en el índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional. México es la nación peor posicionada entre los miembros de la OCDE.