¿Les romperán el tarro?

Los planes para crear la empresa cervecera más grande del mundo podrían estar en mayor riesgo del que se pensaba.

Cuando el año pasado Anheuser-Busch InBev (AB InBev), la cervecera número uno a nivel global y propietaria de Grupo Modelo, acordó comprar a SABMiller, su principal competidora, por 106 mil millones de dólares, se pronosticó un arduo camino para obtener la aprobación por parte de los reguladores de competencia económica en los países en los que éstas operan.

La megacervecera que se está gestando representa un blanco natural para las autoridades antimonopolio: se estima que la empresa tendría la posición número uno o dos en 24 de los 30 mayores mercados del mundo, sería responsable de aproximadamente una de cada tres cervezas vendidas a nivel global, y capturaría alrededor de la mitad de las ganancias de la industria.

Adelantándose a estas preocupaciones, ambas empresas anunciaron planes para vender activos en Norteamérica, Europa y Asia y así obtener la aprobación regulatoria.

De hecho, como muestra de su confianza en que la compra procederá, el acuerdo entre ambas marca que AB InBev tendrá que pagarle 3 mil millones de dólares a SABMiller si la fusión no se concreta. Esto como costo adicional al dinero invertido en meses de negociaciones y trámites.

Sin embargo, el reciente colapso de los acuerdos de fusión entre las farmacéuticas Pfizer y Allergan y entre las empresas de servicios petroleros Halliburton y Baker Hughes, en ambos casos debido a presiones regulatorias, muestra que la creación del coloso cervecero podría estar en peligro.

Difícil aprobación

AB InBev y SABMiller esperan concluir su fusión en la segunda mitad de este año, pero tras las conclusión del primer trimestre aún parece faltar un largo camino por recorrer.

Los procedimientos regulatorios en Sudáfrica (donde está parcialmente basada SABMiller) se han prolongado más de lo previsto, ya que la Comisión de Competencia de dicho país ha solicitado tres extensiones para poder completar su investigación.

Esto aún después de que AB InBev prometió mantener el listado de la empresa en la Bolsa de Valores de Johannesburgo y crear un fondo de 69 millones de dólares para impulsar la industria cervecera sudafricana y evitar la pérdida de empleos en el sector.

La Comisión Europea también está realizando su propia investigación extendida sobre los efectos que la fusión tendría sobre la industria cervecera.

Con tal de satisfacer preventivamente estos requisitos, AB InBev planea venderle a su competidor japonés Asahi las marcas europeas Peroni, Grolsch y Meantime (todas propiedad de SABMiller) por 2.9 mil millones de dólares, y además está poniendo en venta a Pilsner Urquell y otras marcas de sus mercados  del centro y este de Europa.

Uno de los mayores obstáculos para la unión de AB InBev y SABMiller es obtener la aprobación de los reguladores de competencia estadounidenses, que en los últimos meses se han mostrado hostiles ante una serie de megafusiones corporativas.

Esta semana, reaccionando al colapso de la fusión entre Halliburton y Baker Hughes, la procuradora general de Estados Unidos, Loretta Lynch, le recordó a las empresas que “ninguna fusión es demasiado grande o compleja como para no ser retada”.

Lynch agregó que el Departamento de Justicia está listo y capacitado para hacer valer las leyes antimonopolio “cuando las empresas propongan acuerdos que mejorarían el valor de los accionistas a expensas de los intereses de los consumidores”.

Al momento de anunciarse los planes de AB InBev y SABMiller, ambas empresas controlaban el 71 por ciento del mercado estadounidense, lo cual es suficiente para levantar las alarmas regulatorias.

Con tal de reducir 26 puntos porcentuales de esta preponderancia, SABMiller ya acordó venderle la participación accionaria de 58 por ciento en su lucrativa subsidiaria MillerCoors a su socio canadiense Molson Coors Brewing Company, a un precio de 12 mil millones de dólares.

Sin embargo, aún no es claro si esta reducción en la concentración del mercado será suficiente para convencer a las autoridades.

“El antimonopolio se ha vuelto mucho mejor en términos de sentido común, no simplemente en calcular qué tan concentrada está una industria o en permitirle a alguien llegar y argumentar a favor de alguna definición artificial del mercado sin ver cuáles son en realidad las dinámicas competitivas”, dijo el mes pasado Bill Baer, quien dirige la sección de competencia económica del Departamento de Justicia.

Esta lectura más pragmática y amplia de la competencia económica vuelve más difícil para las empresas anticipar los requisitos que las autoridades impondrán para permitir fusiones de gran escala.

“Si estás en una situación que es menos predecible, quieres asegurarte de que te estás protegiendo en caso de que el acuerdo se rompa”, dijo Jonathan Kanter, abogado antimonopolio en la firma Cadwalader, Wickersham & Taft, en entrevista con Bloomberg.