Aunque en México no se permite la siembra de maíz genéticamente modificado, la mayor parte de las importaciones estadounidenses que entran al territorio nacional se relacionan con transgénicos.
Los primeros ingresos de estas semillas al país se originaron entre 2005 y 2017, durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y parte de la administración de Enrique Peña Nieto, quienes autorizaron un total de 831 permisos para que compañías como Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences, phi-Pioneer y Syngenta pudieran experimentar en tierras mexicanas.
Tan solo en ese periodo, Monsanto, la empresa más importante del mundo en la generación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), consiguió la autorización del gobierno mexicano para utilizar más de cinco millones de hectáreas, de las 15 millones 372 mil 864 que estaban disponibles para la siembra transgénica, de acuerdo con un estudio publicado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam).
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El avance presentado en el cultivo de dichas semillas se frenó luego de la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la silla presidencial, que reiteró la prohibición de los cultivos transgénicos en el país, luego de las manifestaciones que diversos grupos indígenas realizaron para proteger las más de 60 variedades de maíces que existen en la actualidad.
La lucha entre las grandes transgénicas y los pueblos de México hasta la fecha no ha terminado, sin embargo, de aprobarse la iniciativa de las senadoras Ana Lilia Rivera y Jesusa Rodríguez, sobre la implementación de la Ley Federal para el Fomento y Protección al Maíz Nativo, el Estado tendría que garantizar a través de las autoridades competentes, que las personas tengan acceso a un maíz libre de OGM.
Rafael Mier Sáinz, director de la organización Tortilla de Maíz Mexicana, asegura que la importancia de esta semilla nativa no solo radica en ser uno de los alimentos que más aporta proteínas y nutrientes a la población mexicana, sino que este sector emplea a más de dos millones de personas en el campo, además de las que laboran en las más de 100 mil tortillerías, que se estima existen en todo el país.
“En México los campesinos siembran alrededor de 12 millones de toneladas de maíz, con las cuales alimentan a 50 por ciento de la población mexicana.
Es muy importante que esta ley se apruebe, con ella se estarían salvando las semillas nativas y también se garantizaría la seguridad y salud alimentaria de las personas y animales que dependen de este alimento
Efecto negativo del maíz transgénico
En el 90.4 por ciento de las tortillas que se venden en el país se han registrado transgénicos y también en un 82 por ciento de las botanas que se comercializan, como tostadas o harinas, de acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En 25 estados de la República Mexicana, entre los que destacan Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, Tlaxcala, y Veracruz se han detectado cultivos de híbridos, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Para Rafael Mier aún quedan muchos pendientes en materia de OGM, pues hasta el momento no se han realizado estudios sobre los efectos de estas semillas en la salud de las personas. No obstante, comenta que lo que sí es claro es que los compuestos han deteriorado la calidad de la tortilla y por lo tanto su nivel nutricional.
“La ley que se propuso debe de aprobarse antes de la firma del T-MEC en los próximos meses, porque en las cláusulas vienen diferentes disposiciones que van a poner en riesgo el intercambio de semillas. Es importante para que México pueda proteger sus maíces y tener acceso a todas las patentes que hay”.